El gobierno federal inicia una nueva etapa en la Reforma Electoral con la puesta en marcha de audiencias públicas en todo el país, y Guanajuato será una de las primeras sedes donde la ciudadanía podrá opinar sobre el futuro del sistema democrático en México. La medida fue anunciada este 22 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien detalló que estas consultas permitirán sentar las bases para una transformación profunda del modelo electoral.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada en agosto de 2025, tiene el mandato de recoger la voz ciudadana y generar propuestas que garanticen procesos electorales más transparentes, representativos y confiables. A través de estas asambleas, el gobierno busca dar forma a una reforma basada en la opinión popular, alejándose de decisiones unilaterales o exclusivamente técnicas.
En cada estado del país se realizarán encuentros participativos, donde especialistas y funcionarios abrirán el diálogo con los asistentes. Las conclusiones de estas reuniones serán sistematizadas por los miembros de la comisión y entregadas directamente a la presidencia, con el fin de redactar una propuesta de reforma sustentada en el consenso social.
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Para Guanajuato, el encargado de coordinar los trabajos será José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien también forma parte de la comisión nacional. Los ejes temáticos que se abordarán en la entidad incluyen la libertad de expresión política, la regulación de partidos, el financiamiento de campañas, la efectividad del sufragio, el rol de las autoridades electorales, la justicia electoral y los mecanismos de democracia participativa, como la revocación de mandato y las consultas populares.
El presidente ejecutivo de la comisión, Pablo Gómez Álvarez, subrayó que este ejercicio será clave para que la ciudadanía no solo opine, sino que participe activamente en la construcción de un nuevo sistema electoral, más justo, más abierto y más moderno. Con estas acciones, el gobierno busca sentar las bases de una reforma electoral histórica, alineada con las exigencias democráticas del siglo XXI.
