El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego evitó ser arrestado en Estados Unidos tras pagar una fianza de 25 millones de dólares, como parte de un proceso legal derivado de un conflicto con AT&T por una deuda que data de la venta de Iusacell en 2014.
La disputa legal inició cuando AT&T demandó a algunas empresas de Grupo Salinas en 2020, alegando que no se habían cubierto ciertos impuestos pendientes relacionados con la operación de compra. Aunque el conglomerado impugnó el reclamo, el fallo fue desfavorable, y la corte determinó que las compañías estaban en desacato por incumplir con los pagos ordenados.
Ante la falta de respuesta financiera, la jueza Andrea Masley, de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, extendió la orden de desacato directamente a Salinas Pliego y lo emplazó a pagar 20 millones de dólares en un plazo de dos semanas, advirtiendo que, de no hacerlo, enfrentaría prisión en el penal de Rikers Island.
La medida también alcanzó a Francisco Borrego, asesor legal del grupo empresarial. Aunque la orden no se había hecho pública previamente, fue revelada en audiencias recientes. Masley fue clara en su advertencia: “Rikers no es un lugar agradable”, afirmó durante una audiencia celebrada en junio.
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El pago de la fianza fue realizado antes del vencimiento del plazo judicial, pero tanto Salinas Pliego como sus empresas continúan apelando la sentencia, mientras buscan revertir el fallo que los llevó a esta situación legal.
Además del litigio con AT&T, Grupo Salinas enfrenta presiones adicionales por parte del Gobierno mexicano, debido a acusaciones de adeudos fiscales, así como de tenedores de bonos de TV Azteca, quienes no han recibido los pagos correspondientes por la deuda adquirida. La empresa informó recientemente que está dispuesta a iniciar un diálogo con los inversionistas para explorar opciones de reestructuración financiera.
Hasta el momento, representantes de Grupo Salinas no han emitido comentarios oficiales sobre el caso ante los medios internacionales.
