La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen de diversas iniciativas de reforma al Código Civil estatal, entre ellas la que permitirá que madre y padre, en común acuerdo, definan el orden de los apellidos de sus hijos recién nacidos o reconocidos, lo que busca eliminar prácticas discriminatorias y fortalecer la igualdad de derechos y responsabilidades entre progenitores.
Durante la sesión, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia subrayó que las modificaciones responden al mandato constitucional de garantizar igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En el mismo sentido, la legisladora Susana Bermúdez Cano destacó que la reforma protege las decisiones familiares al reconocer el derecho a elegir el nombre y apellidos de los hijos.
Por otra parte, se aprobaron también:
- Una reforma al Código Penal para garantizar a las personas adultas mayores una vida libre de violencia.
- Cambios al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, con el fin de asegurar un acceso igualitario a la justicia administrativa bajo principios de igualdad, proporcionalidad, eficacia y congruencia.
Asimismo, se aprobaron los proyectos de convocatoria para el proceso de consulta a niñas, niños, adolescentes y a personas con discapacidad. La diputada Karol Jared González Márquez propuso fechas específicas para los foros y dictámenes, las cuales fueron avaladas.
En contraste, se rechazó el dictamen que planteaba reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado como personas morales, lo que generó debate entre legisladores y representantes comunitarios presentes en la sesión. Estos últimos señalaron que la medida hubiera fortalecido su autonomía y derecho a la justicia.
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La diputada María Eugenia García Oliveros anunció un voto particular en favor de esta propuesta, al considerar que es proporcional y acorde con las necesidades de las comunidades indígenas y afromexicanas.
En la reunión participaron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Justicia, así como representantes de comunidades indígenas y afromexicanas, personal de la Secretaría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
