La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, adquirió propiedades producto de la corrupción y el lavado de dinero, lo que refuerza, dijo, la necesidad de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio.
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema”, señaló Sheinbaum durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.
La mandataria federal explicó que los procesos de extinción de dominio en México son demasiado largos, incluso en casos de delincuencia organizada, por lo que su gobierno busca una reforma que permita agilizar la transferencia de bienes adquiridos ilícitamente al Estado.
El caso se vincula a un decreto publicado el lunes por el Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, en el Periódico Oficial del Estado, donde se declaró de utilidad pública la expropiación de varios predios para la construcción de la Escuela de la Salud de la Universidad Rosario Castellanos.
Entre ellos se encuentra un terreno de 1.4 hectáreas registrado a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno, así como otros dos predios presuntamente vinculados a prestanombres del dirigente priista.
“Si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble (…) que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades”, sostuvo Sheinbaum.
Ante estos señalamientos, Alejandro Moreno respondió a través de su cuenta en X (@alitomorenoc) que iniciará acciones legales contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Layda Sansores por la expropiación del terreno.
“Vamos a proceder legalmente. Porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”, expresó el dirigente priista.
El caso se perfila como un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno federal y el PRI, en medio de acusaciones de corrupción y disputas por propiedades que podrían pasar a manos del Estado bajo el argumento de ser adquiridas con recursos ilícitos.
