Guanajuato.- La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato participó junto a decenas de organizaciones y colectivos en la presentación del Informe sobre Desapariciones Forzadas en México 2025.
Este documento, solicitado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, busca atender la grave crisis nacional y acreditar su carácter generalizado o sistemático.
El Comité de Naciones Unidas decidió iniciar el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones, una medida excepcional para casos de extrema gravedad.
De acuerdo con el informe, Guanajuato enfrenta una situación alarmante que lo ha convertido en un epicentro de desapariciones, violencia criminal y fosas clandestinas en los últimos años.
Los datos señalan que el estado se integró tardíamente al mapa nacional de desapariciones, pero su crecimiento ha sido exponencial desde 2017, especialmente en el corredor industrial.
En apenas siete años, Guanajuato pasó de seiscientas veintiún personas desaparecidas en 2018 a más de cuatro mil ochocientas cincuenta registradas oficialmente hasta abril de 2025.
Celaya, Irapuato, León y Salamanca encabezan las cifras, seguidos por Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Alto y Pénjamo, todos marcados por la violencia del crimen organizado.
El informe atribuye las desapariciones principalmente a las disputas entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del territorio.
Pero también responsabiliza al Estado por omisiones y negligencia, señalando la falta de prevención, la impunidad estructural y la ausencia de resultados en materia de justicia.
La investigación documenta setecientas veintitrés fosas clandestinas y más de mil trescientos cincuenta cuerpos exhumados, ubicando a Guanajuato entre los estados con mayor crisis forense.
Irapuato, Salamanca, Celaya, Acámbaro, Villagrán y Salvatierra concentran los principales hallazgos, aunque las cifras oficiales siguen incompletas y el acceso a la información es limitado.
En los laboratorios forenses estatales permanecen más de novecientos cuerpos sin identificar, evidencia del colapso institucional frente a una emergencia humanitaria sin precedentes.
Los colectivos ciudadanos, como Hasta Encontrarte de Irapuato, han encabezado la búsqueda de sus familiares, recuperando más de doscientos treinta cuerpos sin apoyo gubernamental.
Durante años, el gobierno estatal negó la existencia de fosas clandestinas, hasta que los hallazgos masivos de Salvatierra y Acámbaro en 2020 rompieron el silencio oficial.
Desde entonces, la narrativa cambió, pero las familias sostienen que el reconocimiento llegó tarde y sin resultados concretos para la identificación o el acceso a la justicia.
El informe presentado ante la ONU concluye que Guanajuato representa hoy un caso crítico, donde la verdad y la dignidad descansan en la resistencia de quienes siguen buscando.
