La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Penal estatal en materia de interrupción legal del embarazo.
Durante su exposición de motivos, la legisladora señaló que el derecho a decidir es un tema complejo, que involucra aspectos filosóficos, religiosos, científicos y jurídicos.
Precisó que en México la regulación del aborto corresponde a las entidades federativas, pero que la Suprema Corte de Justicia determinó en 2007 la constitucionalidad de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.
Destacó que cuando los servicios de interrupción legal del embarazo son inaccesibles o las leyes restrictivas, los Estados son responsables de violaciones a los derechos humanos de las mujeres a nivel constitucional e internacional.
La legisladora subrayó que la falta de acceso a un aborto legal y seguro constituye una violación a los derechos reproductivos y afecta el ejercicio de los derechos humanos, oportunidades de vida y futuro de las mujeres y personas gestantes.
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Mencionó que el acceso a la interrupción legal del embarazo es parte fundamental de los servicios de salud reproductiva, protegidos por los derechos a la vida.
Señaló que en Guanajuato la interrupción voluntaria del embarazo sigue penalizada en su totalidad, a pesar de los esfuerzos por avanzar en los derechos sexuales y reproductivos.
También recordó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que los jueces deben considerar inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta, incluyendo los tipos penales que no permiten interrumpir el embarazo cerca de la implantación.
Finalmente, García Oliveros afirmó que, de aprobarse la reforma, se lograría un avance histórico en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en sus derechos reproductivos, a decidir y a la igualdad sustantiva. La parte de la Constitución fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y lo relativo al Código Penal a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
