El Observatorio Ciudadano de León (OCL) denunció que la Fiscalía General del Estado ocultó y reclasificó 353 homicidios de mujeres durante los últimos tres años y medio.
La organización presentó el informe “Incidencia delictiva contra mujeres, niñas y adolescentes”, donde advirtió que la violencia contra las guanajuatenses crece sin control y continúa agravándose cada año.
Además, reportó que existen trescientas cincuenta mujeres asesinadas que no aparecen dentro de ningún registro estatal, lo cual reveló inconsistencias graves en la información oficial.
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El documento detalló que Guanajuato registró su cifra más alta de feminicidios en 2023, con veintiocho casos y siete adicionales durante el primer semestre del 2025.
La investigadora del OCL, Brenda Gómez, explicó que la alerta de género vigente desde septiembre del 2024 representa un llamado urgente para priorizar prevención efectiva y atención inmediata.
Los delitos analizados incluyeron feminicidio, secuestro, homicidio doloso, homicidio culposo, extorsión, lesiones dolosas, violación y violencia familiar, todos con incrementos preocupantes en varias regiones.
Entre 2022 y 2024, el Secretariado Ejecutivo reportó mil doscientas veintidós víctimas mujeres por homicidio, mientras el INEGI contabilizó mil quinientas cincuenta y siete.
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La diferencia de trescientas cincuenta y tres muertes se traduce en casos no investigados correctamente o reclasificados para disminuir estadísticas públicas relacionadas con violencia de género.
Mayra Legaspi Tristán, directora del OCL, calificó la brecha como una señal alarmante sobre la ausencia de verdad institucional y la falta de mecanismos confiables.
La directora cuestionó dónde quedaron esas mujeres no registradas, quién documentó sus muertes y bajo qué criterios desaparecieron dentro de las cifras estatales disponibles.
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Señaló también que los proyectos destinados a mujeres no incorporan enfoque de seguridad humana integral y continúan sin herramientas que garanticen protección real en territorios.
El Observatorio exigió políticas públicas verificables, investigaciones transparentes y una revisión inmediata de los protocolos de clasificación sobre delitos cometidos contra mujeres en Guanajuato.
