El Congreso de Guanajuato quiere ponerle un alto al acoso sexual dentro del servicio público. Por eso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar una reforma que busca clasificar esta conducta como falta administrativa grave, con sanciones más duras para quienes la cometan.
La propuesta plantea que comete acoso sexual quien, con fines de lujuria o intención sexual, asedie y provoque riesgo o desventaja para otra persona servidora pública, sin importar si existe subordinación. Actualmente, esta falta no está claramente definida en la ley, lo que ha permitido sanciones menores en casos graves.
Durante la sesión, legisladores y especialistas coincidieron en que tipificar el acoso sexual como falta grave es necesario para prevenir y castigar comportamientos inaceptables en el ámbito público. Además, señalaron que con esta reforma se da cumplimiento a las recomendaciones emitidas tras la Alerta de Violencia de Género en el estado.
La diputada Susana Bermúdez Cano recordó que el acoso sexual es la forma de violencia más común hacia las mujeres, presente en 47% de los espacios laborales. Por eso, pidió que la reforma tenga lenguaje incluyente, perspectiva de género y un enfoque que realmente garantice que las normas se apliquen de manera efectiva.
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Por su parte, Rocío Cervantes Barba advirtió que la mayoría de los casos no se denuncian, lo que genera un ciclo de impunidad que daña los entornos laborales. “No podemos tolerar este tipo de conductas en servidores públicos”, subrayó, al tiempo que pidió reforzar espacios laborales con respeto, integridad y seguridad.
Antes de concluir, el diputado Juan Carlos Romero Hicks respaldó la iniciativa y pidió elaborar el dictamen en sentido positivo. También participaron los legisladores Rodrigo González Zaragoza, María Eugenia García Oliveros y Alejandro Sierra, quienes coincidieron en que Guanajuato debe ser un ejemplo en la lucha contra el acoso y la violencia en el trabajo público.
