La organización Las Libres denunció omisiones graves en la atención institucional brindada a Isabella, exalumna de la Universidad La Salle Bajío, víctima de agresión por un excompañero.
En conferencia de prensa, Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, acompañada de Paola Fernández, coordinadora jurídica, sostuvo que la universidad incurrió en revictimización y negligencia institucional.
De acuerdo con el expediente judicial, la agresión ocurrió en mayo de 2024, durante una pre-fiesta de graduación, donde Isabella fue violentamente atacada e intentaron estrangularla.
Tras escapar, presentó denuncia ante el Ministerio Público, obteniendo medidas de protección que prohibían acercamientos, pero la universidad permitió que el agresor siguiera asistiendo.
Antes del ataque, Isabella había solicitado un cambio de grupo para evitar el contacto con su agresor, petición negada por reglamento, pese al riesgo evidente.
“La institución sabía que estaba en peligro, pero no actuó. Me sentí sola, sin apoyo, como si protegerlo fuera prioridad”, expresó Isabella.
Después de los hechos, la universidad implementó medidas de separación académica, sin notificar formalmente la resolución ni garantizar su seguridad, manteniéndola vulnerable dentro del entorno educativo.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito resolvió el amparo 114/2025, determinando responsabilidad institucional por no garantizar seguridad física ni psicológica a la víctima.
El fallo, emitido el 24 de julio de 2025, obliga a la universidad a modificar su protocolo de atención de violencia de género en seis meses.
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La resolución fue celebrada por colectivas feministas como precedente histórico, destacando que marca un avance en la exigencia de justicia para mujeres violentadas en espacios académicos.
Durante el proceso, la institución argumentó que Isabella había propiciado la situación; dicha postura fue calificada por Las Libres como revictimización institucional inaceptable e inadmisible.
“Esta sentencia no debe ser excepción”, concluyó Verónica Cruz. “La Salle Bajío debe garantizar entornos seguros para todas las estudiantes y erradicar la violencia universitaria”.
