Morena denuncia comodato ilegal de predio estatal a Mazda en Salamanca

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El Grupo Parlamentario de Morena presentó dos denuncias administrativas por el comodato ilegal de un predio estatal otorgado a Mazda en Salamanca sin autorización legislativa.

Morena señaló que el comodato violó la Ley de Patrimonio Inmobiliario porque la norma autoriza acuerdos solo para instituciones sin fines de lucro, no para empresas automotrices.

La diputada Hades Aguilar explicó que el contrato incluyó un compromiso de donación, algo que únicamente puede aprobar el Congreso del Estado conforme establecen las disposiciones legales correspondientes.

Aguilar afirmó que cualquier acto contrario a la ley debe considerarse nulo según el artículo doce de la Ley de Patrimonio, por lo que solicitaron revertirlo.

Las denuncias ingresaron ante la Secretaría de la Honestidad y la Auditoría Superior para investigar y sancionar a servidores públicos involucrados en la instrucción del comodato irregular.

Los legisladores pidieron revisar la participación del exgobernador Diego Sinhue y de la actual gobernadora, quienes avalaron acciones que vulneran competencias exclusivas del Congreso en materia patrimonial estatal.

Ricardo Ferro advirtió un riesgo para el patrimonio de Guanajuato porque el terreno supera dos mil millones de pesos y podría quedar en manos de una empresa.

El coordinador sostuvo que una salida de Mazda dejaría al Estado sin control de un predio estratégico y sin instrumentos legales para recuperarlo ante eventuales controversias.

David Martínez aclaró que Morena respalda la industria automotriz y el empleo, pero no admite decisiones contrarias a la ley porque afectan intereses públicos y dañan a Guanajuato.

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El legislador indicó que el objetivo central es frenar prácticas irregulares y exigir responsabilidades a quienes autorizaron disposiciones que contradicen los procedimientos establecidos en la legislación patrimonial.

Morena reiteró que la ley aplica para todas las autoridades y que nadie puede utilizar atribuciones ajenas para favorecer acuerdos sin sustento jurídico válido.

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