El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, un nuevo marco jurídico que homologa el tipo penal en todo el país, protege a las víctimas y sanciona a servidores públicos que colaboren en la comisión de este ilícito. La normativa también impone reglas precisas para impedir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los reclusorios.
La ley se aprobó en lo general con 110 votos a favor, cero en contra y fue devuelta a la Cámara de Diputados con 21 cambios a 15 artículos, además de la inclusión de un artículo transitorio.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, destacó que la extorsión “no solamente afecta el patrimonio, despoja a las personas de su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. Hoy, las instituciones del Estado Mexicano tienen la oportunidad de demostrar que México no tolerará ese delito en ninguna de sus formas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que se hicieron 20 cambios a 15 artículos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados y se añadió un nuevo artículo transitorio. “Se consolida un mejor instrumento al servicio del pueblo mexicano, para cerrarle todas las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este lacerante delito”, afirmó.
Corral destacó que la extorsión es el tercer delito de mayor incidencia en el país, causando no solo afectaciones patrimoniales, sino también daños morales, físicos y psicológicos. Subrayó que la impunidad genera desánimo y frustración en la sociedad y en las víctimas cuando no se castiga ejemplarmente.
La ley impone reglas estrictas en los centros penitenciarios, ya que muchas extorsiones se originan desde las cárceles. Se establecen mecanismos legales para bloquear comunicaciones ilícitas, prohibir el acceso a dispositivos electrónicos y garantizar que los penales sean espacios de control y readaptación social, no de operación criminal.
También lee: Claudia Sheinbaum asegura que aumento del salario mínimo 2026 es seguro y responsable
Los penales tendrán un plazo de seis meses, tras la promulgación de la ley, para implementar procedimientos y tecnologías que inhiban llamadas de telefonía celular, radiocomunicaciones o transmisión de datos e imágenes. Además, los internos no podrán contar con dispositivos electrónicos, y quienes los introduzcan, incluidos funcionarios penitenciarios, enfrentarán penas de 6 a 12 años.
La penalidad para quienes cometan extorsión fue elevada de hasta 15 años a 25 años, con agravantes que alcanzan 42 años para extorsiones desde los penales. “Se establece un marco jurídico uniforme para combatir eficazmente la extorsión en todo México, integrando todos los elementos del tipo penal según la evolución de esta conducta ilícita”, resaltó Inzunza.
El senador añadió que se uniformó la obligación de contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados y certificados, especializados en la investigación del delito de extorsión.
