El Congreso de Guanajuato aprobó este jueves reformas para sancionar con mayor severidad el acoso sexual cometido por servidores públicos, una iniciativa impulsada por la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
El aval legislativo ocurre tras revelaciones periodísticas que exhibieron encubrimientos y simulación de atención a víctimas dentro de la Secretaría de Salud estatal.
La investigación publicada por AM desde febrero de 2024 documentó que esta dependencia concentra el mayor número de denuncias por acoso sexual y laboral entre las 51 entidades del Gobierno estatal, acumulando al menos 19 recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos.
En total, del 2018 al 18 de septiembre de 2025, se han registrado 264 denuncias por hostigamiento, acoso y abuso sexual contra funcionarios del Gobierno del Estado.
Acoso sexual será falta administrativa grave
La reforma aprobada modifica la Ley de Responsabilidades Administrativas para considerar el acoso sexual como falta administrativa grave. Aunque esta conducta ya estaba tipificada como delito, la gobernadora señaló que no existía una vía administrativa clara para sancionar a los agresores dentro de las instituciones públicas, lo que derivaba en despidos por otros motivos que no garantizaban justicia para las víctimas.
Con el cambio, será el Tribunal de Justicia Administrativa el encargado de imponer sanciones a funcionarios involucrados en estas conductas.
Nueva definición legal y responsabilidades ampliadas
La nueva normativa define como acoso sexual de servidores públicos cualquier conducta de índole sexual o lasciva que genere riesgo, desventaja o indefensión hacia una persona, sin importar si ocurre en un solo evento o varios, ni si existe o no subordinación.
También se considera acoso sexual cuando un funcionario:
- Comete actos de violencia sexual aprovechando su cargo.
- Permite, tolera o facilita conductas de acoso sexual.
- Difunde, almacena o comparte imágenes, textos o sonidos con fines lascivos sin consentimiento.
Congreso destaca “cero tolerancia”
Durante la discusión, el diputado Antonio Chaurand Sorzano (Morena) calificó la reforma como un avance firme para eliminar prácticas que atentan contra la dignidad de las personas y que han sido minimizadas en administraciones pasadas. Afirmó que el dictamen dota a las instituciones de herramientas claras para actuar con prontitud.
La diputada panista Susana Bermúdez Cano resaltó que el acoso sexual es una forma de violencia que, por razones de género, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y vulnera sus derechos humanos. Indicó que tipificar esta conducta como falta grave fortalece la cero tolerancia en el servicio público.
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó una reserva para precisar la redacción del artículo 57 bis, fracción III, la cual fue aprobada por unanimidad junto con el dictamen completo.
Sector Salud, el foco de denuncias
El reportaje de AM del 27 de octubre reveló que la Secretaría de Salud ha encubierto casos de acoso durante años mediante reubicaciones, omisiones y falta de consecuencias, pese a acumular 288 denuncias.
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La dependencia lidera las quejas por hostigamiento, acoso y abuso sexual con 97 casos, seguida por la Secretaría de Educación con 90 denuncias. Otras instituciones, como el Conalep, la Secretaría de Gobierno, Finanzas y diversas universidades y organismos estatales, también presentan reportes, sumando 264 casos en total.
El acoso sexual en Guanajuato está tipificado en el Código Penal estatal y se castiga con penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas de cinco a veinte días, según el artículo 187-A.
