La Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe los cigarrillos electrónicos y vapeadores en México, con 324 votos a favor y 129 en contra, estableciendo penas severas para quienes comercialicen estos dispositivos. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2,000 UMA para quienes participen en el comercio con fines de lucro.
Uno de los puntos que generó mayor debate fue la posible criminalización de los consumidores, pues legisladores de oposición advirtieron que las sanciones podrían alcanzar hasta ocho años de cárcel y multas superiores a 226 mil pesos, lo que —señalan— afectaría directamente a usuarios y no solo a distribuidores.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, defendió la reforma al asegurar que su objetivo es proteger a niñas, niños y adolescentes de dispositivos diseñados con apariencias llamativas y promovidos mediante campañas engañosas, que los hacen atractivos pese a los riesgos a la salud.
En lo particular, el dictamen establece la prohibición total de producción, venta, importación y publicidad de vapeadores, además de imponer penas de uno a ocho años de prisión y otorgar nuevas facultades regulatorias a Cofepris para impedir la circulación de estos productos en el país.
Los vapeadores funcionan mediante el calentamiento de un líquido con nicotina y otras sustancias tóxicas, generando un aerosol que el usuario inhala como imitación del consumo de tabaco tradicional, lo que —según especialistas— implica riesgos similares o incluso mayores para la salud.
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La reforma es respaldada por la legislación aprobada en 2024 por el Senado, donde se modificaron los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir y sancionar cualquier actividad relacionada con vapeadores y dispositivos electrónicos de nicotina en México.
Desde años previos ya se impulsaba esta regulación. En 2021, el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentó que la prohibición era necesaria porque no existe evidencia científica independiente que demuestre que estos dispositivos son una alternativa efectiva de reducción de daños frente al tabaquismo.
