
De acuerdo con la Secretaría de la Honestidad, este año se inhabilitaron 11 funcionarios por presunta corrupción, uno fue suspendido, uno recibió amonestación privada y en dos casos aplicaron sanciones económicas.
La titular Arcelia González explicó que la administración fortaleció controles internos con auditorías en tiempo real y con supervisiones diarias destinadas a ordenar procesos y evitar desviaciones administrativas.
González afirmó que la gobernadora impulsó un nuevo modelo de acompañamiento preventivo que sustituyó enfoques punitivos anteriores.
“Las contralorías inquisidoras no funcionaron; ahora acompañamos preventivamente y revisamos cada procedimiento con transparencia absoluta”, declaró la funcionaria.
Señaló que el Ejecutivo maneja estructuras complejas que exigen vigilancia continua en obra pública, presupuesto, operación institucional y cumplimiento normativo.
La secretaria informó que varias observaciones surgieron porque algunas áreas incumplieron lineamientos, normas o reglas de operación.
Explicó que muchas fallas derivaron de procedimientos incorrectos y no necesariamente de mala fe. “Nuestros procesos pretenden ser totalmente apegados a la ley y a las reglas internas”, expresó González. Añadió que la capacitación constante busca reducir errores técnicos y mejorar la calidad administrativa en todas las dependencias.
También lee: Arranca en Silao el programa Mi Colonia a Color 2025 con más de 700 viviendas beneficiadas
La funcionaria destacó la incorporación de inteligencia artificial para fortalecer auditorías, utilizar geolocalización y verificar materiales de obra pública mediante un laboratorio especializado. Esta tecnología permite mayor precisión en la supervisión y ofrece resultados más confiables para la ciudadanía.
González informó que la Secretaría turnó al Tribunal de Justicia Administrativa sesenta y nueve expedientes. Treinta y tres recibieron resolución, dieciocho concluyeron sin responsabilidad y el resto obtuvo sanciones según la gravedad identificada.
La secretaria aseguró que el enfoque preventivo continuará con el propósito de consolidar una administración estatal más ordenada, clara y confiable.



