Un juez federal ordenó el cierre del Zoológico de León hasta que el municipio garantice condiciones adecuadas de protección, seguridad y trato digno tanto para las especies como para los visitantes, al considerar que existen omisiones que podrían constituir maltrato animal.
De acuerdo con la resolución judicial, dichas irregularidades eran conocidas desde hace al menos cuatro años por la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, así como por el entonces director del Zoológico, Rigoberto Montes Palomares.
Tras asumir el cargo en 2021, la propia alcaldesa instruyó la elaboración de un dictamen por parte de Protección Civil, al que posteriormente se sumó un estudio contratado por el Instituto Municipal de Planeación (Implan), así como una auditoría de control interno realizada por la Contraloría Municipal en 2024. Esta última detectó diversas anomalías operativas, administrativas y financieras que, según el informe, fueron sólo parcialmente solventadas durante la gestión de Montes Palomares.
La suspensión provisional del recinto deriva del juicio de amparo 1473/2025-IV, promovido a inicios de diciembre por el despacho y asociación animalista Por Sus Derechos Va, luego de que se documentara la muerte de al menos 26 animales bajo resguardo del Zoológico de León.
Entre los hechos más graves se encuentra la muerte de 24 borregos muflones, presuntamente atacados por perros ferales el pasado 5 de diciembre, suceso que evidenció un historial de deficiencias en la administración del parque.
Esta situación derivó en una crisis institucional que la alcaldesa calificó públicamente como un posible sabotaje interno, y que culminó con la renuncia del director del organismo, así como con el resguardo de las instalaciones por parte de la Policía Municipal.
Las fallas estructurales y operativas ya habían sido señaladas en al menos tres ocasiones entre 2021 y 2024. Durante la sesión de Ayuntamiento de este jueves, Alejandra Gutiérrez reconoció que ordenó el dictamen de Protección Civil tras constatar personalmente el deterioro del recinto, al señalar que el Zoológico “se estaba cayendo a pedazos”. Hasta el momento, los resultados de dicho dictamen no han sido hechos públicos.
Ante los cuestionamientos de la oposición, la presidenta municipal aseguró que durante su administración se han invertido alrededor de 180 millones de pesos en el parque, recursos destinados principalmente a mejorar el acceso, rehabilitar la red hidráulica, instalar áreas de juegos, rehabilitar hábitats, cascadas y cuerpos de agua artificiales, así como a la construcción de la zona denominada Pradera Guanajuatense, un proyecto de resguardo de especies endémicas en semilibertad financiado con recursos estatales.
La resolución judicial establece que las autoridades señaladas por presuntas omisiones, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuentan con un plazo de 48 horas para rendir los informes correspondientes que acrediten o desmientan los señalamientos formulados por la organización promovente.
El pasado 2 de diciembre, la Profepa emitió una resolución mediante la cual ordenó la suspensión total de eventos, festivales y cualquier actividad temática dentro del Zoológico de León. Dicha medida se derivó de tres inspecciones realizadas durante la más reciente edición de un evento que generó inconformidad ciudadana por posibles afectaciones a las especies, protesta que reunió más de 10 mil firmas.
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