A más tardar el último día de enero, los gobernadores de las entidades federativas deberán presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa necesarias para armonizar sus marcos jurídicos en materia de combate a la extorsión, de acuerdo con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Asimismo, se estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá emitir, a más tardar el último día hábil de febrero de 2026, un manual de operación para las fiscalías o unidades especializadas, enfocado en la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, con el objetivo de fortalecer la actuación institucional en este tipo de ilícitos.
Entre los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, destaca el 07/LII/2025, mediante el cual se establecen los Lineamientos de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que formará parte del Sistema Nacional de Información. El objetivo es garantizar que esta base de datos cuente con la estructura técnica y tecnológica necesaria para su adecuado funcionamiento.
En este sentido, el SESNSP deberá emitir los lineamientos para la operación, funcionamiento y conservación de dicha base nacional en un plazo máximo de 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo.
De igual forma, se determinó que a más tardar el último día hábil de agosto, el SESNSP deberá elaborar y emitir, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, una actualización del Modelo Nacional de Centros de Justicia para las Mujeres, con el propósito de fortalecer la atención integral a víctimas de violencia de género.
Otro de los acuerdos relevantes se refiere a los mecanismos de certificación policial, donde se establece que a más tardar el último día hábil de junio de 2026 deberá elaborarse la metodología de la Certificación Básica Policial (CBP).
Esta acción busca garantizar una transición ordenada del Certificado Único Policial (CUP) hacia un nuevo esquema alineado con la Política Nacional de Acreditación y Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública, así como contribuir al desarrollo y profesionalización de los cuerpos policiales del país.
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