
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, como resultado de acciones permanentes de investigación y procuración de justicia, logró el esclarecimiento de más de 20 homicidios y la detención de 34 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la región de Irapuato y municipios aledaños.
De acuerdo con la dependencia, los resultados se obtuvieron durante las últimas semanas de diciembre, tras el reforzamiento de labores de inteligencia, análisis criminal y coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad y Paz, incluso en un periodo caracterizado por alta movilidad ciudadana.
Las autoridades detallaron que las investigaciones permitieron asegurar 16 armas de fuego, 21 cargadores, 10 chalecos balísticos, cinco vehículos, además de cartuchos útiles, droga y equipos de telefonía, con lo que se evitó que estos objetos continuaran siendo utilizados para la comisión de delitos.
Uno de los avances más relevantes fue el esclarecimiento de más de 20 eventos de homicidio, derivado del análisis balístico de las armas aseguradas. Estos casos se encuentran actualmente en proceso de judicialización, lo que representa un paso importante en el combate a la impunidad y en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Asimismo, como parte del seguimiento al comportamiento delictivo en municipios como Irapuato y Salamanca, se logró la desarticulación de células criminales, la cumplimentación de órdenes de aprehensión y acciones específicas contra el delito de extorsión.

Entre los casos destacados se encuentra la detención de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío, integrado por siete personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
Además, dos de las personas detenidas fueron vinculadas a proceso en el fuero común por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.
En los distintos casos, los imputados enfrentan procesos penales con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y en al menos un caso ya se dictó una sentencia condenatoria de hasta 11 años de prisión mediante procedimiento abreviado.
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