Ricardo Salinas Pliego, empresario y presidente de Grupo Salinas, llevó su conflicto con el Gobierno mexicano a un escenario internacional al presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde acusa al Estado de mantener una ofensiva política y administrativa en su contra desde hace más de dos años.
La queja fue entregada en Washington, durante una reunión con el Relator Especial para la Libertad de Expresión, a quien el empresario hizo llegar un expediente amplio en el que documenta lo que considera una campaña de presión sostenida desde distintas áreas del poder público.
En el documento, Salinas Pliego sostiene que ha sido blanco de señalamientos reiterados desde espacios oficiales, así como de revisiones fiscales, procedimientos legales y acciones administrativas que, a su juicio, no responden a criterios técnicos sino a un intento de desgaste político.
El empresario afirmó que la exposición constante de su nombre y el de sus empresas en discursos gubernamentales ha generado un clima de estigmatización, al presentar públicamente acusaciones antes de que existan resoluciones judiciales firmes.
Desde su perspectiva, estas acciones no buscan únicamente cobrar adeudos fiscales, sino enviar un mensaje de advertencia a quienes mantienen posturas críticas frente al Gobierno, utilizando instituciones del Estado como herramienta de presión.
Grupo Salinas respaldó la denuncia y señaló que sus empresas han enfrentado auditorías simultáneas, inspecciones recurrentes y campañas de descrédito, lo que —aseguran— configura un patrón de hostigamiento que afecta la actividad empresarial y la libertad de expresión.
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La CIDH confirmó que recibió la documentación y que el caso será revisado conforme a sus mecanismos internos, sin emitir por ahora una postura sobre las acusaciones presentadas por el empresario mexicano.
Salinas Pliego sostuvo que su objetivo no es un beneficio personal, sino alertar sobre prácticas que podrían normalizar el uso del poder público para inhibir la crítica, lo que, advirtió, representa un riesgo para el Estado de Derecho y el debate democrático en México.
