La presencia del Tren de Aragua en Guanajuato comienza a generar alertas entre especialistas en seguridad, luego de detectarse células operativas en municipios como León, Irapuato, Moroleón y Uriangato, donde esta organización ha centrado sus actividades en la trata de personas y el control de migrantes, de acuerdo con lo publicado en Milenio.
De acuerdo con el sitio, especialistas advierten que la expansión del grupo criminal venezolano en México no es fortuita, sino que responde al uso estratégico de las rutas migratorias que atraviesan el país, lo que le ha permitido establecer puntos de operación desde el sur hasta el centro del territorio nacional.
De acuerdo con análisis en materia de seguridad, el Tren de Aragua ha diversificado sus delitos en México, participando en explotación sexual, extorsión, cobro de piso, tráfico de drogas y tráfico de personas, generalmente mediante acuerdos con organizaciones criminales locales que ya controlan el territorio.
En el caso de León, la organización se ha enfocado en extorsionar y vigilar a migrantes, mientras que en Irapuato ha establecido presencia en zonas cercanas a las vías férreas, facilitando el tránsito irregular y asegurando protección a cambio de pagos ilegales.
Reportes indican que los integrantes del grupo exigen cuotas por el paso y aprovechan el flujo migratorio para reclutar jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, principalmente para fines de explotación sexual, además de utilizarlos para el traslado de estupefacientes.
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En Moroleón y Uriangato, la organización venezolana habría asumido un rol clave en la distribución de cocaína, operando como intermediaria entre grupos criminales locales, a quienes también apoya en actividades de trata de personas y explotación sexual.
El modelo de operación del Tren de Aragua en Guanajuato se basa en alianzas tácticas, funcionando como una estructura especializada que aporta conocimiento criminal sin buscar, por ahora, el control absoluto del territorio, lo que ha sido descrito como una forma de outsourcing delictivo.
Finalmente, expertos advierten que este tipo de presencia fragmentada pero especializada representa un riesgo creciente, ya que fortalece las economías criminales locales y profundiza la violencia ligada a la migración y la trata de personas en la región.
