La FGE informó que obtuvo sentencias condenatorias mediante procedimientos abreviados en contra de tres personas responsables de delitos graves cometidos en la ciudad de Irapuato, los cuales pusieron en riesgo la vida de una víctima y de servidores públicos.
De acuerdo con la autoridad, Guillermo de Jesús “N” fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, privación de la libertad agravada y robo equiparado. En tanto, Jorge Miguel “N” e Ignacio “N” recibieron 12 años de prisión cada uno, al acreditarse su responsabilidad por homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y privación de la libertad agravada.
Los acontecimientos ocurrieron la madrugada del 4 de julio de 2025, alrededor de las 02:00 horas, cuando los ahora sentenciados, armados y a bordo de una camioneta, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Expofresas, en Irapuato, donde privaron de la libertad a un hombre, a quien subieron esposado al vehículo.
Durante su huida por el bulevar Solidaridad, los agresores fueron detectados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes les marcaron el alto. Al ignorar la indicación, se desató una persecución que se prolongó sobre la carretera con rumbo a León.
A la altura de la comunidad El Copal, uno de los sujetos disparó con un arma larga contra una patrulla, poniendo en grave riesgo la vida de los oficiales.
La persecución concluyó en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato capital, cuando los agresores perdieron el control del vehículo y se impactaron contra la barda de un terreno baldío, siendo detenidos de inmediato.
Al interior de la camioneta fue localizado el hombre privado de la libertad, quien fue rescatado sano y a salvo. Además, las autoridades aseguraron armas largas, cargadores, municiones, cartuchos y equipo táctico, todos de uso exclusivo del Ejército, así como la camioneta, la cual contaba con reporte de robo.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas. Tras calificarse como legal la detención y acreditarse la responsabilidad penal, el juez impuso la prisión preventiva y dictó las sentencias condenatorias correspondientes.
