Tras la polémica generada por la adquisición de vehículos de alta gama, los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron no utilizar y devolver las camionetas Jeep Cherokee recientemente adquiridas, cada una con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos, sin considerar el blindaje, el cual podría casi duplicar su precio.
La decisión se tomó pese a que la compra había sido justificada por motivos de seguridad, renovación del parque vehicular y ahorro a mediano plazo en arrendamiento, mantenimiento y consumo de combustible.
La resolución fue dada a conocer este domingo a través de las redes sociales oficiales de la Corte, donde se informó además que las ministras y ministros ofrecerán una conferencia de prensa este lunes por la mañana para explicar con mayor detalle el alcance y las razones detrás de esta determinación. En el comunicado, el máximo tribunal subrayó su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y con una política de austeridad acorde a las exigencias sociales actuales.
“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, señaló la Corte.
La controversia surgió luego de que se diera a conocer que los ministros habían estrenado camionetas nuevas como parte de la renovación del parque vehicular, mismas que fueron emplacadas en el estado de Morelos, lo que les permitiría evitar el pago de la tenencia vehicular que se cobra en la Ciudad de México. Este hecho provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia de la Corte con los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.
Ante las críticas, un día después el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un comunicado en el que defendió la decisión, argumentando que la renovación del parque vehicular respondía a fallas mecánicas recurrentes y riesgos de seguridad detectados en las unidades modelo 2019 y 2020.
De acuerdo con datos oficiales, entre 2022 y 2025 la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos, lo que representó un gasto anual de 366.2 millones de pesos. Ante este escenario, en el último trimestre de 2025 se aprobó una inversión de 252 millones de pesos para la compra de 571 vehículos, equivalente al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento.
Las autoridades judiciales estimaron que esta decisión permitiría un ahorro aproximado de 1,098 millones de pesos entre 2026 y 2028, además de incorporar 124 unidades híbridas o eléctricas, con reducciones de hasta 30% en consumo de combustible y 70% en costos de mantenimiento.
La conferencia anunciada para este lunes será clave para conocer si la decisión impactará el plan integral de renovación vehicular del Poder Judicial y qué medidas adicionales se implementarán para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
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