La designación del nuevo director del Zoológico de León, Alejandro de Jesus Román Salazar, expuso nuevamente la fragilidad institucional del Ayuntamiento frente a decisiones que comprometen la ética pública y bienestar animal.
El nombramiento ocurrió el 30 de enero, pese a una crisis acumulada por muertes animales, eventos nocturnos, opacidad administrativa y ausencia de rendición pública.
El Consejo Directivo del Zoo León ignoró información clave sobre el pasado inmediato del funcionario designado, hoy cuestionado por colectivos especializados nacionales.
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El nuevo director, Román Salazar, salió del SIMPATT de Tijuana tras investigaciones internas que derivaron en denuncias penales por robo, maltrato animal y tráfico ilegal.
Dichos señalamientos llegaron ante fiscalías estatales, federales y autoridades ambientales, información que nunca apareció en el proceso local de selección.
Para organizaciones civiles, la omisión revela negligencia institucional y desconexión ética frente a responsabilidades que involucran vida silvestre bajo custodia pública.
El pronunciamiento también señala responsabilidad política directa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos en un proceso cerrado y costoso.
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El Ayuntamiento contrató un despacho externo para integrar la terna, con costos superiores a cuatrocientos mil pesos, sin transparencia ni evaluación social.
Las organizaciones exigen reponer el proceso mediante mecanismos abiertos, con participación ciudadana, académica y técnica especializada en bienestar animal.
