Una investigación en Baja California Sur coloca en el centro del caso al senador Adán Augusto López Hernández por un presunto desvío de recursos públicos que habrían salido del Instituto de Vivienda (INVI) entre 2022 y 2023.
El señalamiento, difundido por N+, sostiene que alrededor de 10 millones de pesos del organismo estatal habrían sido canalizados para respaldar actividades relacionadas con su proceso interno en Morena. La información se apoya en la declaración de un exfuncionario financiero del instituto, quien describió transferencias a cuentas de particulares y retiros constantes en efectivo.
Según la reconstrucción de los hechos, el flujo de recursos habría comenzado tras el respaldo político que el gobernador Víctor Castro Cosío manifestó públicamente en noviembre de 2022. A partir de entonces, se habrían realizado entregas periódicas de dinero que, en conjunto, alcanzarían los 10 millones de pesos.
En la carpeta también se menciona a exdirectivos del INVI, entre ellos la entonces titular del organismo y responsables del área financiera. Parte del dinero, según el testimonio citado, habría sido entregado en efectivo en distintos puntos de La Paz.
La Fiscalía Anticorrupción estatal abrió una investigación para revisar la legalidad de los movimientos financieros y citó a audiencia inicial a exfuncionarios señalados para el próximo 5 de marzo. El análisis incluye decenas de retiros en ventanilla y transferencias fraccionadas bajo distintos conceptos administrativos.
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Reportes adicionales indican que el monto observado dentro del instituto podría ser mayor y superar los 50 millones de pesos, cifra que forma parte de otras revisiones internas. Además, existen denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con presuntos actos de corrupción durante la gestión de López Hernández en Tabasco.
El caso también ha sido retomado por organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que han publicado investigaciones sobre contratos y operadores financieros vinculados al entorno político del legislador.
Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar responsabilidades y el destino final de los recursos observados.
