El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, junto con una diputada del Partido del Trabajo, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la autorización de una deuda pública de hasta 4 mil millones de pesos para el Gobierno de Guanajuato.
La impugnación se dirige específicamente contra el artículo segundo del Decreto 164, mediante el cual se avaló la contratación del financiamiento, así como el apartado E del artículo 1 de la Ley de Ingresos 2026, contenido en el Decreto 165.
Las y los legisladores argumentan que el Congreso estatal no puede autorizar endeudamiento sin establecer con precisión el destino de los recursos, sin contar con estudios técnicos previos ni mecanismos claros de control legislativo. Señalan que, al momento de solicitar la aprobación, el Ejecutivo estatal únicamente presentó rubros generales como equipamiento educativo, movilidad, desarrollo social, campo, salud y seguridad, pero sin detallar obras específicas, proyectos ejecutivos o metas verificables.
Además, cuestionaron que se haya permitido al Ejecutivo realizar “movimientos compensados” entre rubros, lo que —aseguran— posibilita reorientar los recursos sin necesidad de una nueva autorización legislativa, manteniendo únicamente el monto global aprobado.
De acuerdo con la bancada promovente, estas disposiciones podrían vulnerar principios constitucionales como legalidad, seguridad jurídica, transparencia, rendición de cuentas y división de poderes, además de contravenir la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Mientras la Corte analiza el recurso, las normas continúan vigentes. El Gobierno estatal ya publicó la licitación nacional SF-LP-DP01/2026 para contratar tres créditos simples que en conjunto suman los 4 mil millones de pesos, con plazos de pago de entre 10 y hasta 20 años.
En caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor de los promoventes, la autorización podría quedar sin efectos y establecerse un criterio más estricto sobre la forma en que los congresos locales deben aprobar deuda pública, particularmente en lo relativo a su destino específico y mecanismos de fiscalización.
