La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional con el objetivo de poner un límite a las pensiones de exfuncionarios de altos mandos en entidades públicas, organismos descentralizados y empresas del Estado.
La mandataria explicó que la propuesta busca eliminar jubilaciones consideradas excesivas, como el caso de un ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro que recibe hasta un millón de pesos mensuales. De aprobarse la reforma, el gobierno federal estima un ahorro de cinco mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas de bienestar.
El proyecto plantea que las pensiones de ex servidores públicos de confianza no puedan superar el 50 por ciento de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales. La reforma no contempla modificaciones a las pensiones de ministros ni afecta a trabajadores amparados por contratos colectivos.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, detalló que la iniciativa está basada en los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera, y aclaró que no habrá retroactividad en su aplicación.
Por su parte, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó cifras sobre pensiones elevadas en distintas entidades. Señaló que en la extinta Luz y Fuerza del Centro existen más de 14 mil jubilados, con un costo anual superior a 28 mil millones de pesos, y que miles de ellos perciben montos que van de 100 mil hasta un millón de pesos mensuales.
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En Petróleos Mexicanos se identificaron 544 pensionados que reciben percepciones superiores a las de la presidenta, con un impacto anual de mil 827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad, más de dos mil personas jubiladas perciben montos por encima del salario neto presidencial, lo que representa más de cuatro mil millones de pesos al año.
También se reportaron casos en entidades financieras públicas como Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, donde decenas de pensionados reciben ingresos superiores a los del Ejecutivo federal.
Sheinbaum subrayó que la reforma no afectará derechos ya adquiridos, pero sí establecerá límites para evitar que exfuncionarios de altos mandos continúen recibiendo pensiones que calificó como onerosas con cargo al erario público.
