La Secretaría de la Honestidad confirmó irregularidades en el manejo de 2.3 millones de pesos destinados a un congreso jurídico financiado con recursos públicos.
El expediente INV.SEA.05.2024.SECTUR.OIC revela anomalías en el convenio firmado entre la Secretaría de Turismo y el Colegio de Abogados de León.
El convenio permitió la entrega de 2 millones 320 mil pesos para organizar el Congreso Internacional de Derecho realizado en mayo de 2019.
La denuncia ciudadana de Roberto Saucedo Pimentel abrió la investigación tras detectar inconsistencias en la comprobación del dinero destinado al evento jurídico.
La indagatoria reconoce ausencia de evidencia clara sobre el destino total del recurso público entregado para el congreso jurídico organizado por el Colegio.
El documento señala que tampoco existe evidencia de cobro de cuotas a asistentes ni claridad sobre el destino final de esos recursos.
La Secretaría de Turismo tampoco conservó todos los comprobantes fiscales necesarios para acreditar el gasto total del dinero entregado al organizador del evento.
La revisión financiera acreditó gastos por 2 millones 217 mil pesos, cifra menor al monto entregado por el gobierno estatal.
La investigación detectó un remanente de 102 mil 946 pesos que debió regresar a la Secretaría de Turismo como parte del recurso público.
El Colegio de Abogados devolvió ese monto hasta 2025 mediante transferencia bancaria junto con intereses legales establecidos en el propio convenio.
El expediente también detectó gastos sin relación clara con el evento, entre ellos hospedaje, alimentos y diversos servicios administrativos.
La investigación analiza la posible existencia de lucro privado en un evento financiado con recursos públicos del programa estatal de promoción turística.
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A pesar de las irregularidades detectadas, la Secretaría de la Honestidad concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades administrativas graves.
El documento reconoce otro obstáculo decisivo: el tiempo consumió la facultad legal del gobierno para sancionar a los responsables del manejo del recurso.
La prescripción administrativa cerró el caso antes de cualquier castigo.
Así, un expediente que confirma irregularidades en el manejo de dinero público termina sin sanciones ni responsables en Guanajuato.
