
La fracción de Morena en el Congreso del Estado lanzó una embestida frontal contra el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, por gasto, opacidad y resultados insuficientes.
Durante la comparecencia, diputadas y diputados morenistas confrontaron al fiscal con cifras, rezagos, omisiones y decisiones que exhiben la crisis de resultados en la Fiscalía.
Hades Aguilar colocó el tema más explosivo de la jornada. Cuestionó que la oficina del fiscal ejerciera 23 millones de pesos durante 2025.

La legisladora subrayó el contraste más duro: la fiscalía destinó solo 16 millones de pesos para reparación del daño a víctimas del delito.
Desde esa primera intervención, Morena instaló una línea de ataque clara: la Fiscalía gasta más en estructura, imagen y operación interna que en justicia.
Miriam Reyes Carmona centró su reclamo en la resolución de conflictos. Recordó que de 15 mil 570 judicializaciones solo surgieron 2 mil 495 salidas alternas.
También exigió el desglose de procedimientos abreviados, suspensiones provisionales, acuerdos reparatorios, archivos y demás vías, porque sin esos datos nadie puede medir eficacia.
Reyes Carmona sostuvo que la falta de información impide saber si la fiscalía resuelve delitos o solo traslada expedientes al Poder Judicial.
Ernesto Millán Soberanes calificó como gravísimo que la institución reportara 12 mil archivos temporales y apenas 2 mil carpetas con sentencia condenatoria.
El diputado lanzó una de las preguntas más severas de la sesión: si los archivos temporales sirven para dormir casos incómodos y maquillar cifras.
También cuestionó el gasto del informe anual del fiscal. Gerardo Vázquez respondió que la renta del auditorio y la logística costaron 485 mil pesos.

Abraham Sotomayor abrió otro frente delicado. Reclamó explicaciones por dos hackeos a la fiscalía y la presunta filtración de más de 300 mil expedientes.
El morenista insistió además en la pregunta que persiguió toda la comparecencia: en qué se gastaron exactamente los 23 millones destinados a la oficina.
Antonio Chaurand presionó por la extorsión. Señaló que operan cuatro grupos criminales en Guanajuato y exigió estrategia, tiempos de respuesta y sentencias condenatorias.
Edith Moreno Valencia desmontó el discurso triunfalista del informe 2025. Dijo que las cifras lucen espectaculares, pero la justicia real no aparece.
Citó 162 mil carpetas iniciadas, 139 por ciento más determinaciones y 96 por ciento de efectividad en vinculaciones, frente a un dato demoledor.
En Guanajuato, señaló, apenas 2 por ciento de los detenidos recibe sentencia condenatoria. Preguntó entonces para qué sirven los números sin justicia para víctimas.
Maribel Aguilar exhibió otro fracaso institucional. Más de 16 mil carpetas por violencia familiar terminaron en solo 426 sentencias condenatorias durante todo 2025.
También reclamó que apenas 97 niñas, niños y adolescentes recibieron atención como víctimas del delito, sin claridad sobre medidas de protección emitidas.

David Martínez Mendizábal cerró la ofensiva con preguntas sobre delitos ambientales, el caso Curcusola, fosas clandestinas y carpetas por homicidio doloso.
Ante esa embestida, el fiscal respondió con una defensa técnica y administrativa. Confirmó 12 mil 249 archivos temporales y sostuvo que esa cifra tiene sustento legal.
Afirmó además que la fiscalía concretó 20 mil 305 acuerdos cumplidos, dato con el que buscó mostrar capacidad de conciliación y salida institucional.
Sobre el gasto cuestionado, negó erogaciones extraordinarias en comunicación social y aseguró que el informe anual solo implicó impresión del documento y renta del recinto.
También lee: Fiscal comparece ante el Congreso y diputados lo cuestionan por gasto de 23 mdp en su oficina
También defendió la operación institucional al afirmar que la atención de denuncias ocurre en menos de dos horas y bajo un modelo humanista.
En materia de desapariciones, informó que solo 3.49 por ciento de las Alertas Amber sigue vigente y que 84 por ciento permitió localizaciones con vida.
Respecto a mujeres víctimas, afirmó que la fiscalía prioriza su atención, entrega reparaciones de manera directa y mantiene capacitación constante en perspectiva de derechos.




