El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva ofensiva contra la prensa al acusar a periodistas de ser “corruptos”, “criminales” y “antipatriotas”, además de sugerir posibles sanciones e incluso acusaciones por “traición” contra quienes publiquen información que considere desfavorable para su gobierno.
Las declaraciones generaron una rápida reacción en el ámbito político. La senadora Elizabeth Warren calificó el discurso como propio de un régimen autoritario, mientras que figuras conservadoras como Ron Johnson también manifestaron preocupación, al reiterar su respaldo a la libertad de expresión protegida por la Constitución.
El endurecimiento del discurso coincide con una estrategia más amplia de presión hacia los medios de comunicación. A lo largo de los años, Trump ha recurrido a demandas e intimidaciones, pero en esta etapa su entorno también ha comenzado a utilizar herramientas institucionales, como la regulación de medios y procesos de autorización, para influir en las líneas editoriales.
En ese contexto, la Casa Blanca ha restringido el acceso de ciertos reporteros a eventos oficiales, mientras que el Pentágono ha limitado la entrada de fotoperiodistas bajo el argumento de evitar la difusión de imágenes consideradas negativas para funcionarios, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
La presión también se ha trasladado al ámbito regulatorio. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, advirtió que las cadenas que difundan lo que calificó como “distorsiones” informativas podrían enfrentar problemas al momento de renovar sus licencias. Trump respaldó públicamente esta postura, al señalar que algunas organizaciones informativas deberían ser investigadas por su cobertura.
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El mandatario incluso acusó a ciertos medios de difundir material falso relacionado con Irán y planteó que estos casos podrían derivar en cargos por traición, un delito que en la legislación estadounidense contempla sanciones severas.
Desde su primera campaña presidencial, Trump ha mantenido una confrontación constante con medios críticos, a los que suele acusar de difundir “fake news”. Sin embargo, analistas advierten que el tono y las acciones recientes reflejan un aumento en la presión institucional contra la prensa en un contexto marcado por tensiones internacionales y desafíos internos para su administración.
