
El grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Guanajuato con el objetivo de armonizarla con la Constitución federal en temas como la revocación de mandato, la integración de ayuntamientos, la disciplina presupuestaria y la regulación de remuneraciones de autoridades electorales, además de establecer restricciones para evitar la reproducción patrimonial y familiar del poder.
Durante su intervención en tribuna, el diputado David Martínez Mendizábal explicó que la Constitución federal ya reconoce la revocación de mandato para la persona titular del Ejecutivo federal y obliga a las entidades federativas a garantizar este derecho a nivel local, por lo que consideró necesario adecuar la normativa estatal para cumplir con este mandato.
El legislador señaló que existe un deber constitucional de incorporar este mecanismo en la Constitución local con reglas claras, accesibles y eficaces, de modo que la ciudadanía pueda ejercerlo sin obstáculos ni decisiones discrecionales por parte de las mayorías legislativas en turno.
Entre los puntos de la propuesta se contempla que el presupuesto anual de las legislaturas locales no supere el 0.75% del presupuesto de egresos del estado, así como la prohibición de la reelección inmediata de diputadas y diputados locales. También se plantea impedir que personas con vínculos familiares o relaciones directas con quienes ocupan una diputación puedan contender por el mismo cargo.
Asimismo, la iniciativa establece límites a las remuneraciones de las autoridades electorales y prohíbe beneficios adicionales como seguros especiales, cajas de ahorro exclusivas o esquemas de retiro privilegiados que no estén contemplados en la ley.
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Martínez Mendizábal indicó que la propuesta también busca corregir lo que calificó como una omisión histórica del Congreso del Estado, al no haber consolidado la revocación de mandato en Guanajuato, lo que ha retrasado el ejercicio pleno de los derechos de participación política de la ciudadanía.
El legislador subrayó que el eje central de la iniciativa es fortalecer la revocación de mandato y reducir privilegios, con el propósito de mantener coherencia constitucional, evitar contradicciones futuras y consolidar un marco legal que limite la concentración patrimonial y familiar del poder público.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior dictamen.




