
Decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas hacer público el informe completo sobre la situación de desapariciones en México, en medio de cuestionamientos a las cifras oficiales del gobierno federal.
La petición surge días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 130 mil casos; sin embargo, organizaciones civiles advierten que estos datos no reflejan la magnitud real del problema.
La organización IDHEAS difundió un resumen del informe más reciente del Comité contra la Desaparición Forzada, emitido el 16 de marzo de 2026.
De acuerdo con el documento, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en acciones urgentes por desaparición forzada, con 819 casos registrados. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron 40 nuevas solicitudes.
El Comité también señala deficiencias en la actuación del Estado, como la falta de protección a familiares y colectivos buscadores, así como retrasos en las investigaciones.
Ante este panorama, 31 colectivos entre ellos Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y Hasta Encontrarte Guanajuato exigieron la publicación de los resultados del procedimiento iniciado bajo el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Este mecanismo, activado en octubre de 2025, permite evaluar si las desapariciones en el país ocurren de manera generalizada o sistemática. En caso de confirmarse, el proceso podría escalar hasta la Asamblea General de la ONU.

No obstante, el gobierno mexicano ha rechazado dicho procedimiento y solicitó mantener la información en reserva, lo que ha incrementado la tensión con organizaciones civiles.
Los colectivos señalaron que existe preocupación por una posible manipulación de cifras oficiales, al acusar que la metodología empleada podría implicar una “rasura” de datos.
“Estas acciones contribuyen a minimizar la magnitud de la crisis y a diluir la responsabilidad de las instituciones”, indicaron en un pronunciamiento conjunto.
Finalmente, advirtieron que México no estaría cumpliendo plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de prevención, investigación y sanción de desapariciones forzadas, al señalar una tendencia de opacidad y debilitamiento institucional.
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