El Congreso de Guanajuato colocó bajo reflector el caso Office and Publicity MDF, empresa ligada a contrataciones municipales en León que hoy desatan exigencias legislativas. 
El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero pidió ampliar la investigación oficial sobre esa proveedora y revisar a fondo su inscripción dentro del padrón municipal. 
La propuesta legislativa exige revisar el expediente CM/DCS/037/2026, abierto por la Contraloría de León, para esclarecer cómo esa firma obtuvo contratos públicos recientes. 
Contreras también pidió examinar pagos, procesos de compra, capacidad operativa, existencia material, experiencia comercial y cualquier posible impedimento legal para contratar con el municipio. 
El punto central recae en si Office and Publicity MDF cumplió requisitos reales para vender bienes impresos, promocionales, uniformes y artículos diversos al gobierno. 
Según el documento legislativo, esa empresa recibió doce contratos municipales por siete millones 374 mil 398.63 pesos a través de distintas dependencias. 
La solicitud también busca revisar la actuación de Tesorería, Recursos Materiales, Servicios Generales y los comités de adquisiciones que participaron en esas decisiones. 
El Congreso quiere saber si esas áreas validaron correctamente antecedentes, domicilio, capacidad de suministro y cumplimiento normativo antes de autorizar compras con recursos públicos. 
Además, el exhorto pide al Auditor Superior del Estado revisar, dentro de la fiscalización de León, los contratos y pagos ligados a Office. 
Ese movimiento político convirtió a la empresa en el eje del debate público, porque la discusión ya no sólo toca compras, también control institucional. 
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La presión creció después de que la Contraloría municipal iniciara una investigación y de que voces opositoras hablaran de posibles irregularidades serias. 
Morena empujó otra ruta con una auditoría integral al municipio, pero el caso Office and Publicity MDF concentra hoy la atención política inmediata. 
Si esta revisión avanza, León deberá abrir expedientes, justificar contratos y responder por cada peso pagado a una proveedora ahora bajo sospecha pública.
