La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, desarticuló una red de casinos que operaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente vinculada al Cártel del Noreste, organización criminal que surgió tras la fragmentación de Los Zetas y que utilizaba el sector de apuestas para movilizar recursos ilícitos.
Las investigaciones permitieron identificar un esquema financiero que combinaba operaciones nacionales e internacionales con el objetivo de ocultar el origen del dinero. Como parte de estas acciones, se aplicaron bloqueos de cuentas y restricciones para impedir el acceso al sistema financiero, una medida clave para debilitar la estructura económica del grupo delictivo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a tres personas físicas y tres empresas relacionadas con esta red. Entre los señalados destaca Jesús Raymundo Ramos Vázquez, a quien se acusa de simular labores de activismo para favorecer a integrantes del grupo criminal y desacreditar a las Fuerzas Armadas.
También fue identificado Javier Islas Valdez, conocido como “Crosty”, quien presuntamente operaba dentro del sector de apuestas para lavar dinero y estaría vinculado con tráfico de personas. A su vez, Juan Pablo Penilla Rodríguez habría fungido como enlace entre miembros del cártel, manteniendo comunicación y coordinación incluso desde prisión.
En cuanto a las empresas, las autoridades detectaron que varias casas de apuestas funcionaban bajo una misma lógica operativa. Entre ellas se encuentra Comercializadora y Arrendadora de México, además de los establecimientos Casino Centenario, en Nuevo Laredo, y Diamante Casino, en Tamaulipas, señalados por su presunto uso para blanquear recursos y, en algunos casos, como puntos para actividades delictivas adicionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó irregularidades como transferencias a países considerados de riesgo, movimientos de efectivo sin respaldo y discrepancias entre los ingresos reportados y las cantidades realmente operadas. Además, se detectaron indicios de evasión fiscal y patrones recurrentes dentro del sector de juegos y sorteos que apuntan a posibles mecanismos de lavado de dinero.
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Como parte de las medidas, el gobierno estadounidense ordenó el congelamiento de activos y prohibió cualquier tipo de transacción con los involucrados dentro de su jurisdicción. Estas sanciones buscan cortar las fuentes de financiamiento del cártel y limitar su capacidad de operación.
En México, Hacienda confirmó que ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos financieros y fiscales, mientras que la Secretaría de Gobernación fue notificada para proceder con la suspensión de actividades de los establecimientos identificados, con el fin de cerrar espacios utilizados para el manejo de recursos ilegales.
