Organizaciones civiles alzaron la voz ante instancias internacionales para exigir medidas urgentes de protección a personas buscadoras en Guanajuato, al advertir un contexto de riesgo creciente por el aumento de desapariciones y la falta de respuesta efectiva de las autoridades locales.
A través de una carta dirigida al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato denunció que las omisiones institucionales han agravado la vulnerabilidad de quienes buscan a sus familiares.
El posicionamiento retoma observaciones internacionales que advierten que la crisis de desapariciones en México no puede atenderse únicamente desde el ámbito federal, sino que requiere una actuación efectiva de los gobiernos estatales, donde persisten fallas en investigación, búsqueda y protección.
Como ejemplo, se expusieron casos en los que posibles elementos de seguridad estarían involucrados, así como situaciones en las que familiares de víctimas desaparecen tras denunciar hechos, lo que refleja un entorno de alto riesgo y desconfianza en las instituciones.
Las organizaciones también señalaron problemas recurrentes como demoras en las labores de búsqueda, investigaciones incompletas y la falta de seguimiento a todas las líneas, incluyendo aquellas que apuntan a posibles responsabilidades de autoridades. A esto se suma el hallazgo de cientos de fosas clandestinas en el estado durante los últimos años.
El documento advierte que las personas buscadoras enfrentan un escenario crítico, respaldado por pronunciamientos de organismos internacionales y por el registro de asesinatos y desapariciones de integrantes de colectivos en Guanajuato, lo que evidencia un patrón de violencia e impunidad.
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Ante este panorama, los colectivos solicitaron que la ONU inste al gobierno estatal a reconocer formalmente el riesgo, garantizar investigaciones imparciales y cumplir con medidas cautelares dictadas por instancias internacionales.
Asimismo, plantearon la necesidad de establecer un protocolo nacional de protección específico para personas buscadoras, así como crear un registro público de agresiones y fortalecer el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, considerando el contexto de violencia en regiones afectadas por el crimen organizado.
Las organizaciones subrayaron que atender estas demandas es urgente para evitar que la búsqueda de personas desaparecidas continúe poniendo en peligro la vida de quienes exigen verdad y justicia.
