La diputada Susana Bermúdez Cano criticó la reforma electoral conocida como “Plan B”, al señalar que omite uno de los principales problemas del sistema democrático en México: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Durante la discusión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde se votó en sentido negativo, la legisladora advirtió que en diversas regiones del país existen campañas financiadas con recursos ilícitos, además de prácticas de presión y violencia para condicionar el voto.
Bermúdez Cano cuestionó que la propuesta haya avanzado sin consenso y aseguró que no responde a la realidad de los estados, además de generar una rigidez normativa que, consideró, no debería establecerse a nivel constitucional.
La diputada también señaló que el diseño del llamado Plan B afecta la autonomía de las entidades federativas y podría vulnerar derechos político-electorales al imponer restricciones generales.
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Añadió que las modificaciones contemplan reducción de estructuras, ajustes presupuestales y cambios operativos que, bajo el argumento de austeridad, representarían un debilitamiento de las instituciones electorales.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Romero Hicks subrayó la importancia de preservar el federalismo en el país y advirtió que legislar sin considerar la soberanía local y el ámbito municipal puede afectar el equilibrio democrático.
