Silao reintegró 4.5 millones de pesos al Gobierno del Estado tras incumplir el plazo legal para pavimentar la calle Raúl Bravo en la colonia Independencia.
El recurso venció el 31 de marzo, luego de cuatro meses sin ejecución por el conflicto vecinal y el proceso legal abierto vigente municipal.
La Dirección de Obra Pública explicó que el municipio debía iniciar los trabajos el 1 de diciembre y concluirlos antes del cierre estatal establecido.
Al no concretar la obra, el Ayuntamiento tuvo que devolver el dinero estatal y cerrar el expediente administrativo conforme a la norma aplicable vigente.
El proyecto quedó paralizado por la oposición de vecinos, quienes bloquearon maquinaria y promovieron un juicio de amparo contra la intervención municipal directa local.
Los colonos sostienen que hace décadas donaron terreno para una vialidad más amplia, distinta al trazo que planteó originalmente el gobierno municipal local silaoense.
Las autoridades municipales afirman que el proyecto no afectaba predios privados ni zona federal del río, aunque no lograron destrabar el conflicto social vecinal.
El director de Obra Pública, Jhonatan Meza, dijo a la reportera Karla Silva, que el municipio ya no cuenta con ese recurso para pagar a la empresa contratista correspondiente local asignada.
Por esa razón, la obra ya no podrá continuar bajo el esquema original, aunque el juicio seguirá por la vía legal correspondiente municipal abierta.
El municipio sólo mantiene pendiente el relleno de un espacio y el emparejamiento de la terracería, con recursos propios del Ayuntamiento local disponibles ahora.
¿Dónde detuvieron al presunto ladrón de transeúntes en Guanajuato capital?
La autoridad busca dejar condiciones transitables para los habitantes, pero antes deberá alcanzar un acuerdo que permita intervenir la calle sin otro bloqueo vecinal.
El caso exhibe una falla administrativa y política: Silao perdió financiamiento externo por falta de acuerdos y por una obra sin consenso vecinal suficiente.
Con el reintegro, la pavimentación de Raúl Bravo queda cancelada en los hechos, mientras vecinos y municipio mantienen el conflicto jurídico abierto vigente ahora.
