La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre el operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, en el que participaron agentes de la CIA, y advirtió que la renuncia de un funcionario no pone fin al caso.
Durante su declaración, señaló que el fiscal general de Justicia de Chihuahua, César Jáuregui, dejará su cargo, pero insistió en que las indagatorias deben continuar porque la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la verdad de lo ocurrido.
Sheinbaum subrayó que este asunto no se trata de una postura personal, sino de una obligación institucional relacionada con el respeto a la soberanía nacional y al cumplimiento de la ley mexicana.
La mandataria afirmó que no se trata de un tema menor, ya que involucra la participación de agentes extranjeros en un operativo que, según dijo, debía corresponder únicamente a las autoridades mexicanas.
También explicó que México presentó una nota diplomática de extrañamiento al gobierno de Estados Unidos por la intervención de agentes de la CIA, y detalló que la embajada respondió asegurando que se apegarán a la Constitución y a las leyes mexicanas en materia de seguridad.
“Lo que estamos diciendo es que a México se le respeta. Es un operativo que solamente les correspondía a las autoridades mexicanas”, expresó la presidenta al insistir en que cualquier colaboración debe darse dentro del marco legal.
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Sheinbaum respondió además a una publicación de The Wall Street Journal que señalaba una supuesta falta de acción de su gobierno frente a este caso, y aclaró que sí se tomaron medidas formales mediante el extrañamiento diplomático.
Sobre una posible expulsión de agentes de la CIA, descartó esa opción por ahora, al considerar que se trata de un caso excepcional y no de una práctica constante.
Finalmente, señaló que la Fiscalía deberá aclarar si además de los dos agentes fallecidos participaron otros elementos estadounidenses, y añadió que también se debe investigar a funcionarios mexicanos que hayan permitido posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
