Los funcionarios públicos superaron al crimen organizado como principales agresores contra periodistas en México, según un nuevo análisis de Artículo 19.
El reporte advierte que policías, servidores públicos y autoridades locales concentran más ataques contra comunicadores que los grupos delictivos.
Las agresiones incluyen amenazas, intimidaciones, bloqueos informativos, campañas de desprestigio y ataques durante coberturas relacionadas con seguridad, corrupción y abuso político.
El dato exhibe un cambio preocupante para la prensa mexicana, porque el riesgo ya no solo proviene de estructuras criminales.
Ahora, muchos reporteros enfrentan presiones desde oficinas públicas, corporaciones policiacas y gobiernos que deberían garantizar su trabajo informativo.
La situación golpea especialmente a periodistas locales, quienes investigan abusos de poder, contratos públicos, violencia regional y posibles vínculos políticos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que este clima limita la libertad de prensa y reduce el acceso ciudadano a información pública.
México mantiene altos niveles de violencia contra comunicadores, pero el incremento de ataques desde el poder abre una nueva alarma nacional.
El informe de Artículo 19 señala que las agresiones oficiales generan censura, miedo y autocensura en redacciones pequeñas, portales locales y reporteros independientes.
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Para especialistas, cada ataque contra periodistas también afecta a la sociedad, porque impide conocer hechos de interés público.
La presión política contra medios revela una deuda grave del Estado mexicano con la protección real del periodismo.
Mientras las autoridades prometen garantías, el informe muestra que muchas agresiones nacen desde las mismas estructuras encargadas de proteger derechos.
