El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó que la campaña de Rubén Rocha Moya para la gubernatura de Sinaloa en 2021 habría contado con apoyo directo de la facción criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con documentos judiciales revelados por autoridades estadounidenses, Rocha Moya presuntamente sostuvo reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán antes de la elección estatal.
Según la acusación presentada por el Distrito Sur de Nueva York, los líderes criminales habrían prometido garantizar el triunfo electoral del entonces candidato morenista a cambio de que funcionarios cercanos al cártel fueran colocados en puestos estratégicos de seguridad y gobierno.
La investigación señala que Enrique Díaz Vega, identificado como futuro secretario de Administración y Finanzas, presuntamente entregó a integrantes de Los Chapitos información sobre opositores políticos, incluyendo nombres y domicilios.
El expediente sostiene que durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021 se realizaron acciones como robo de urnas, intimidación de candidatos y amenazas contra votantes para favorecer a los candidatos respaldados por el grupo criminal.
Además, el Departamento de Justicia asegura que hombres armados acudieron a centros de votación para golpear y amenazar a ciudadanos como parte de una estrategia de presión electoral.
Tras consumarse la elección, según la acusación, Rocha Moya habría sostenido otra reunión con integrantes del grupo criminal acompañado de Enrique Inzunza Cázarez.
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Las autoridades estadounidenses sostienen que como parte del acuerdo, el entonces gobernador electo habría garantizado a Los Chapitos control e influencia sobre la Policía Estatal de Sinaloa.
La acusación formal fue presentada el pasado 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados de presuntamente colaborar con el grupo criminal a cambio de sobornos y protección política.
Dos días después de hacerse pública la investigación, Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura de Sinaloa, quedando como mandataria interina Yeraldine Bonilla Valverde.
