Legisladores y dirigentes estatales de Morena en Nuevo León presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por presuntos actos de corrupción relacionados con el uso de recursos públicos para promover su imagen.
La denuncia fue interpuesta por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que acusa una supuesta triangulación de recursos por más de mil 400 millones de pesos a través de empresas proveedoras del gobierno estatal y despachos vinculados al entorno del mandatario.
La presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer Cruz, explicó que las empresas contratadas por el gobierno de Nuevo León habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias millonarias hacia firmas relacionadas con el despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados, donde presuntamente tiene vínculos directos la familia del gobernador.
“Estamos hablando en general de más de mil 400 millones de pesos que salieron del gobierno del Estado, que se pagaron a proveedores y que finalmente ciertos porcentajes han caído en este despacho fiscal del cual es socio el papá del gobernador”, declaró.
La dirigente morenista afirmó que los hechos podrían constituir el delito de peculado, contemplado en el artículo 223 del Código Penal Federal, al tratarse presuntamente del desvío de recursos públicos estatales y federales para fines distintos a los autorizados por la ley.
Además, señaló que existen elementos que justificarían la intervención federal, debido a que parte de los recursos presuntamente involucrados podrían provenir de fondos federales, además de transferencias financieras realizadas fuera del país.
Según explicó, las investigaciones apuntan también a movimientos hacia empresas ubicadas en Texas, una de ellas presuntamente relacionada con familiares de funcionarios estatales.
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Por su parte, el senador Alejandro Murat, delegado de Morena en Nuevo León, señaló que buscan que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
“Lo que queremos es que sea la fiscalía, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la que pueda confirmarle a la ciudadanía si esto es verídico. Si ocurrió, que haya una sanción; y si no, que también se aclare públicamente”, declaró.
Morena pidió que las autoridades federales lleven a cabo una investigación objetiva y sin privilegios para determinar si existe responsabilidad penal en el presunto manejo irregular de recursos públicos en Nuevo León.
