La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a declarar ante la Fiscalía General de la República como parte de la investigación relacionada con el operativo en el que fue localizado un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.
La comparecencia se realizó en las instalaciones de la FGR ubicadas en la colonia Doctores, en Ciudad de México, dentro de las indagatorias sobre la presunta participación de agentes de la CIA durante dicho operativo.
A su llegada y salida del inmueble, la mandataria estatal estuvo acompañada por integrantes del Partido Acción Nacional, quienes acudieron a manifestarle respaldo político. Entre ellos estuvieron el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; además de Ricardo Anaya, Germán Martínez y otros liderazgos panistas.
Al término de su declaración, Campos ofreció un mensaje ante medios de comunicación en el que aseguró que detrás del citatorio existe un uso político de las instituciones federales.
La gobernadora afirmó que acudió voluntariamente a rendir cuentas y sostuvo que durante su administración colaboró plenamente con las autoridades en el combate al narcotráfico.
Durante su posicionamiento, señaló que el llamado de la FGR tenía como objetivo intentar construirle un caso bajo la figura de testigo, por lo que cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades federales.
También aseguró que no se respetaron las formas institucionales ni las garantías constitucionales que corresponden a una gobernadora en funciones.
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Campos contrastó su situación con la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionado recientemente en investigaciones internacionales por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La mandataria chihuahuense aseguró que, mientras ella enfrenta señalamientos sin acusaciones formales, otros funcionarios señalados públicamente reciben un trato distinto por parte de las autoridades.
“No me han acusado formalmente de nada”, expresó, al tiempo que calificó el proceso como un acto de presión política y una muestra de autoritarismo institucional.
