El nombre de Marco Antonio Almanza Avilés volvió a colocarse en el centro de la polémica este viernes 29 de mayo, luego de que distintos medios de comunicación y actores políticos reportaran su presunta entrega a autoridades de Estados Unidos.
Almanza Avilés, extitular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, es señalado por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
La información fue difundida por medios nacionales como La Silla Rota y El Universal, este último citando a una fuente de la Fiscalía federal de Estados Unidos. Además, la senadora panista Lili Téllez también se pronunció públicamente sobre el tema a través de su cuenta en X.
Hasta el momento, ninguna autoridad de México o Estados Unidos ha confirmado oficialmente la supuesta entrega del exfuncionario sinaloense.
Lili Téllez reaccionó al reporte señalando que Marco Antonio Almanza habría preferido enfrentar un proceso en una prisión estadounidense antes que permanecer en México. En su mensaje también lanzó críticas contra Morena y mencionó al senador Enrique Inzunza, quien igualmente aparece señalado dentro del mismo expediente.
El caso ha llamado aún más la atención porque apenas el pasado 26 de mayo, Marco Antonio Almanza acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde negó cualquier vínculo con grupos delictivos.
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Frente a medios de comunicación declaró:
“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”.
En esa misma aparición pública descartó entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses y aseguró que las acusaciones en su contra carecían de pruebas.
La presunta entrega ocurre en medio de un clima político y judicial tenso en Sinaloa, luego de recientes acusaciones desde Estados Unidos que involucran a funcionarios y exfuncionarios del estado por presuntos nexos con el crimen organizado.
