Ocho personas señaladas como presuntos integrantes de una red conocida como “Del Caballito” fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un esquema de simulación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría operado en distintos estados del país.
Un juez federal con sede en Michoacán determinó continuar el proceso penal en su contra, luego de que la Fiscalía General de la República expusiera indicios sobre el uso de empresas fachada para introducir dinero al sistema financiero y simular operaciones comerciales con el fin de ocultar su origen.
De acuerdo con la investigación, la organización habría construido una estructura de compañías que emitían comprobantes fiscales falsos, los cuales eran utilizados para justificar movimientos financieros y transferencias entre distintas razones sociales, afectando directamente a la hacienda pública.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a los detenidos por delitos relacionados con la expedición de facturación apócrifa, por lo que el juez ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso.
Los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se definirá si serán vinculados formalmente a proceso de manera definitiva.
La investigación, dada a conocer por la Fiscalía General de la República, derivó de una serie de 40 cateos simultáneos realizados en seis entidades del país, donde se aseguraron inmuebles, documentación contable y evidencia financiera vinculada con las operaciones de la presunta red.
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Entre los detenidos se encuentran personas identificadas como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, quienes habrían participado en distintos niveles de la estructura financiera investigada.
Las autoridades federales señalaron que el grupo operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachada, con presencia en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
De acuerdo con la FGR, este tipo de esquemas no solo permite la evasión fiscal, sino que también facilita el lavado de dinero mediante la dispersión de recursos a través de múltiples empresas y movimientos contables simulados.
Las autoridades recordaron que la expedición de comprobantes fiscales falsos puede alcanzar penas de hasta nueve años de prisión, además de otras sanciones relacionadas con delitos financieros.
