Un juez federal de Estados Unidos anuló una política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump que había dejado en incertidumbre a miles de migrantes al dificultar la resolución de trámites como asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.
La decisión fue emitida por el juez federal John McConnell Jr., quien consideró que las medidas aplicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eran contrarias a la ley y se sustentaban en argumentos insuficientes.
Según el fallo, la política afectaba a inmigrantes provenientes de 39 países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio, quienes enfrentaban retrasos o bloqueos en diversos procesos migratorios.
El juez criticó duramente la actuación de las autoridades migratorias al señalar que asumieron facultades que no les correspondían y tomaron decisiones sin ofrecer una justificación adecuada. También sostuvo que el gobierno utilizó argumentos relacionados con la seguridad nacional para respaldar medidas que, en la práctica, perjudicaban a los migrantes.
McConnell afirmó que las acciones del USCIS colocaron a un número considerable de personas en una situación de incertidumbre legal, afectando su capacidad para trabajar, obtener protección migratoria o continuar con sus procesos de regularización.
La política fue implementada después de la muerte de dos integrantes de la Guardia Nacional y endureció el tratamiento de solicitudes migratorias provenientes de determinadas regiones del mundo.
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Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes celebraron la resolución judicial. Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward, señaló que la decisión reafirma que el gobierno federal no puede restringir vías legales de migración ni discriminar a las personas por su país de origen.
La activista aseguró que las medidas anuladas causaron afectaciones significativas a familias, trabajadores y solicitantes de asilo que permanecieron durante meses sin respuestas sobre sus trámites migratorios.
Con esta resolución, las autoridades migratorias deberán dejar sin efecto la política impugnada, lo que podría permitir que miles de expedientes vuelvan a avanzar dentro del sistema migratorio estadounidense.
