El desplazamiento forzado en México debe ser atendido con urgencia por los tres órdenes de gobierno, demandó la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT). La organización advirtió que durante los primeros seis meses de 2026 se registraron nuevos casos en al menos cinco estados y pidió reconocer la crisis humanitaria para proteger a las familias afectadas.
La exigencia fue presentada en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. La Red TDT señaló que la violencia sigue obligando a cientos de personas a abandonar sus hogares y consideró indispensable una respuesta coordinada de las autoridades.
La organización, integrada por 88 colectivos civiles, hizo un llamado al Gobierno federal, a los gobiernos estatales y a los municipios para trabajar de manera conjunta. Además, pidió dejar de lado las diferencias políticas y priorizar la protección de las víctimas.
Asimismo, exigió investigar y sancionar a quienes generan la violencia que provoca el desplazamiento forzado en México. También solicitó combatir la impunidad institucional y atender las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Desplazamiento forzado en México aumenta en cinco estados
La Red TDT informó que entre febrero y marzo alrededor de 600 personas fueron desplazadas en Chihuahua. Además, documentó unos 30 casos en Chiapas, cerca de 800 víctimas en Guerrero, más de 600 personas en Michoacán y aproximadamente mil nuevos casos en Sinaloa.
Para la organización, estas cifras reflejan que el desplazamiento forzado en México continúa extendiéndose y requiere una estrategia nacional de atención. También consideró necesario implementar políticas públicas permanentes para evitar que más familias abandonen sus comunidades.
Según el pronunciamiento, gran parte de estos desplazamientos son consecuencia del control territorial que ejercen grupos del crimen organizado. Estas organizaciones recurren al reclutamiento forzado, el trabajo obligado, el trasiego de drogas, la tala ilegal y otras actividades ilícitas para mantener su presencia en distintas regiones.
Además, la Red TDT denunció que estas acciones son posibles debido a presuntas alianzas entre grupos criminales, funcionarios públicos, policías y actores económicos que operan en territorios donde habitan pueblos originarios.
Chihuahua refleja la crisis del desplazamiento
Como parte de una misión civil realizada entre el 26 y el 29 de mayo, integrantes de la organización visitaron comunidades indígenas ralámuli y ódami desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua.
Durante los recorridos, las familias narraron que huyeron debido a enfrentamientos entre grupos delictivos, amenazas de reclutamiento forzado, violencia sexual, secuestros y agresiones físicas y psicológicas.
Muchas personas permanecen desplazadas dentro del estado. Sin embargo, otras buscaron refugio en entidades vecinas como Sinaloa y Durango.
La Red TDT también documentó un caso de retorno hacia la comunidad de Atascaderos. Según la organización, las autoridades no garantizaron las condiciones mínimas de seguridad para el regreso de las familias.
Como consecuencia, una persona fue asesinada y otras dos desaparecieron después de volver a la comunidad. Para la organización, este caso demuestra la falta de protocolos eficaces para proteger a quienes intentan regresar a sus hogares.
Organizaciones exigen acciones urgentes
Por otra parte, la Red TDT afirmó que las medidas implementadas hasta ahora no han resuelto el problema. Aseguró que muchas acciones son insuficientes y no atienden las causas estructurales del desplazamiento forzado en México.
También sostuvo que siguen sin existir políticas públicas con pertinencia cultural, mecanismos efectivos de protección y estrategias permanentes para garantizar el acceso a la justicia de las personas desplazadas.
Finalmente, la organización reiteró que reconocer la magnitud del desplazamiento forzado en México es el primer paso para diseñar soluciones de largo plazo. Asimismo, pidió a las autoridades coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades afectadas y evitar que más familias abandonen sus hogares por la violencia.
