La ONU acusa a Israel de atacar a niños en Gaza y de mantener acciones que podrían constituir genocidio contra la población palestina. Así lo señala un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
El documento fue publicado esta semana y analiza el impacto de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Los investigadores concluyeron que existen indicios de crímenes contra la humanidad debido a la magnitud y naturaleza de los ataques.
Según la comisión, las acciones militares han provocado muertes, lesiones y traumas a niveles sin precedentes. Además, sostienen que los menores de edad han sido uno de los sectores más afectados por el conflicto.
Srinivasan Muralidhar, presidente del organismo, afirmó que las agresiones contra la infancia palestina tienen consecuencias que van más allá de las víctimas directas. A su juicio, afectan la capacidad futura del pueblo palestino para desarrollarse y preservar su existencia.
Los investigadores señalaron que reunieron evidencia sobre presuntos ataques deliberados contra menores palestinos. De acuerdo con el informe, estos hechos forman parte de un patrón que la comisión considera relevante para determinar una posible intención genocida.
Por otra parte, el organismo sostuvo que existen “motivos razonables” para concluir que las autoridades israelíes continúan cometiendo actos que podrían encuadrarse dentro del delito de genocidio en Gaza.
La comisión también advirtió que, incluso después del alto al fuego alcanzado en octubre de 2025, continúan registrándose incidentes que afectan a niños palestinos. Entre ellos se encuentran muertes, lesiones graves y daños psicológicos de largo plazo.
Además, el informe documenta afectaciones severas a los sistemas de salud y educación. Los investigadores denunciaron ataques contra áreas de maternidad y neonatología, lo que habría provocado consecuencias para mujeres embarazadas y recién nacidos.
Según el reporte, estas acciones contribuyen al aumento de abortos espontáneos y problemas congénitos. Asimismo, generan efectos que podrían impactar durante años a la población palestina.
Otro de los puntos destacados es la crisis alimentaria que enfrenta Gaza. La comisión sostiene que el bloqueo aplicado sobre el enclave ha provocado hambre y un deterioro significativo en la salud física y mental de miles de menores.
En tanto, los especialistas alertaron sobre la destrucción de escuelas y espacios de protección infantil. Aseguran que el daño acumulado pone en riesgo el desarrollo de toda una generación.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. De acuerdo con datos citados en el informe, más del 97 por ciento de los centros educativos de Gaza han resultado destruidos o dañados por la guerra.
Como consecuencia, más de 658 mil niños y adolescentes permanecen sin acceso regular a la educación por tercer año consecutivo. Esta situación ha generado preocupación entre organismos internacionales y grupos defensores de los derechos humanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados palestino respaldó las conclusiones del informe. Además, calificó el documento como una prueba internacional sobre la gravedad de la crisis humanitaria que enfrentan los menores en Gaza.
La dependencia afirmó que el reporte no sólo documenta presuntas violaciones a los derechos humanos. También evidencia, según su postura, la falta de acciones efectivas por parte de la comunidad internacional para detener el conflicto.
Mientras tanto, la violencia continúa en distintas zonas del enclave palestino. Reportes recientes indican que una adolescente de 16 años murió durante un ataque mientras se dirigía a la escuela en la ciudad de Gaza.
Asimismo, otras personas resultaron heridas en acciones militares registradas durante la misma jornada. Estos hechos ocurrieron pese a la existencia de un alto al fuego vigente.
Finalmente, la ONU acusa a Israel de atacar a niños en Gaza y advierte que las consecuencias del conflicto podrían extenderse durante décadas. El organismo insiste en la necesidad de proteger a la población infantil y garantizar el acceso a servicios básicos como salud, alimentación y educación.
