El responsable del despacho jurídico Punto Legal, Édgar Francisco, fue sentenciado a mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude. Además debe pagar más de 33 millones de pesos.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditó que engañó a 107 personas mediante la supuesta venta de inmuebles en remates bancarios.
Además de la condena, considerada histórica por la Fiscalía, un juez ordenó la reparación integral del daño, obligando al sentenciado a devolver el dinero obtenido de manera ilícita a las víctimas.
Engañó a familias con supuestos remates bancarios
De acuerdo con la investigación ministerial, el despacho Punto Legal ofrecía inmuebles bajo el esquema de presuntos remates bancarios, asegurando a los clientes que podían adquirir propiedades a bajo costo.
Sin embargo, la Fiscalía demostró que los inmuebles ofertados no estaban en litigio ni existía facultad legal para venderlos, por lo que las operaciones constituyeron un fraude que afectó el patrimonio de decenas de familias leonesas.
Las investigaciones establecieron que el sentenciado utilizó diversos mecanismos para convencer a las víctimas de entregar su dinero, provocando pérdidas económicas y afectaciones patrimoniales.
Más de 33 millones de pesos por reparación del daño
Como parte de la sentencia, el juez determinó que Édgar Francisco deberá cubrir la reparación del daño por un monto superior a 33 millones de pesos.
La resolución contempla:
29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material.
3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral.
148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados.
La Fiscalía señaló que dará seguimiento al cumplimiento de esta resolución para garantizar que las víctimas recuperen el patrimonio que les fue afectado.
Dos sentencias acumularon más de mil años de prisión
La autoridad informó que los días 26 y 30 de junio de 2026 se dictaron dos sentencias condenatorias contra el imputado.
La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda alcanzó 580 años, para un total de mil 18 años y cuatro meses por el delito de fraude.
Aunque la legislación de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión efectiva, la Fiscalía destacó que el aspecto más relevante del fallo es la obligación de reparar el daño causado a las 107 familias afectadas.
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Con esta resolución, la institución aseguró que se sienta un precedente en la persecución de delitos patrimoniales y en la protección de los derechos de las víctimas de fraude en Guanajuato.
