La investigación por las muertes de migrantes mexicanos en centros de detención y operativos migratorios en Estados Unidos dará un giro legal. El Gobierno de México anunció que dejará de actuar únicamente por la vía diplomática para presentar denuncias penales y civiles contra quienes resulten responsables de estos casos.
El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, durante la conferencia matutina del Gobierno federal. El funcionario explicó que las acciones buscan esclarecer las circunstancias en las que han fallecido ciudadanos mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) colaborará en la presentación de denuncias ante las autoridades competentes de Estados Unidos. El objetivo será que las fiscalías estadounidenses investiguen posibles responsabilidades penales relacionadas con estos hechos.
Velasco señaló que el Gobierno mexicano considera necesario ampliar la estrategia jurídica. Por ello, afirmó que las investigaciones deben ir más allá de las gestiones diplomáticas tradicionales y llegar directamente a las instancias encargadas de impartir justicia.
“Nos vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos y presentar denuncias sobre estos hechos”, declaró el canciller al explicar la nueva ruta legal.
Acciones contra empresas que operan centros de detención
Además de las denuncias penales, el Gobierno mexicano iniciará procedimientos civiles contra las empresas privadas encargadas de operar algunos centros de detención migratoria en Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas consideran que existen condiciones que podrían representar violaciones a los derechos humanos. Según la SRE, esas condiciones habrían contribuido al fallecimiento de al menos 14 ciudadanos mexicanos que permanecían bajo custodia.
Por otra parte, Roberto Velasco explicó que ya comenzaron a enviarse las denominadas cartas de “cese y desistimiento”. Mediante estos documentos, el Gobierno exige a las empresas modificar las condiciones de operación y detener prácticas que puedan poner en riesgo la vida de las personas migrantes.
Asimismo, la Cancillería buscará que estas compañías adopten medidas inmediatas para garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de los centros de detención.
México acudirá a organismos internacionales
La estrategia también contempla acudir a instancias internacionales. En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para fortalecer la protección de los mexicanos recluidos en instalaciones migratorias.
Además, el Gobierno mexicano pedirá la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el propósito de supervisar las condiciones en las que permanecen los connacionales detenidos por autoridades migratorias estadounidenses.
De acuerdo con la Cancillería, estas acciones buscan reforzar los mecanismos internacionales de vigilancia y promover el respeto a los derechos fundamentales de los migrantes.
Caso detonó las nuevas medidas
Las nuevas acciones legales fueron anunciadas después de la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo.
El connacional recibió un disparo por parte de un agente del ICE durante un operativo migratorio en Estados Unidos. Posteriormente fue trasladado a un hospital de Houston, donde perdió la vida horas después debido a la gravedad de las heridas.
Ese caso generó preocupación entre las autoridades mexicanas y motivó el fortalecimiento de las medidas jurídicas para atender las muertes de migrantes mexicanos registradas durante operativos o dentro de centros de detención.
Sin embargo, el Gobierno federal señaló que este no es un hecho aislado. Según la información presentada, existen diversos casos que serán revisados para determinar si hubo negligencia, abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos.
Defensa de los connacionales será prioridad
Roberto Velasco aseguró que la protección de los mexicanos en el extranjero seguirá siendo una prioridad para la política exterior del país.
Además, adelantó que el tema ocupará un lugar central en las próximas reuniones entre autoridades mexicanas y el Gobierno de Estados Unidos. La intención será exigir investigaciones transparentes y garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
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Finalmente, el funcionario reiteró que México mantendrá el acompañamiento legal y consular para las familias afectadas. Asimismo, insistió en que todas las vías jurídicas disponibles serán utilizadas para esclarecer las muertes de migrantes mexicanos y procurar justicia para las víctimas.
Con esta estrategia, el Gobierno mexicano busca que las investigaciones avancen tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, pretende reforzar la protección de los connacionales que permanecen bajo custodia migratoria en Estados Unidos y exigir responsabilidades cuando existan posibles violaciones a los derechos humanos.
