Las policías de FSPE que participaron en la detención de cuatro buscadoras de personas desaparecidas durante una manifestación en Guanajuato capital, en julio de 2020, enfrentarán un proceso penal luego de que el Ministerio Público ejerciera acción penal en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 21 de agosto por el juez de Control del Sistema Penal, Eduardo Villagómez Amézquita. En esa diligencia se formulará la imputación contra las cuatro elementos, quienes actualmente enfrentan el proceso en libertad.
El caso vuelve a tomar relevancia seis años después de los hechos, luego de que las denunciantes lograran reabrir la investigación en varias ocasiones, tras la decisión inicial del Ministerio Público de no ejercer acción penal.
Policías de FSPE serán imputadas por abuso de autoridad
El abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel informó que las cuatro elementos señaladas son Atzimba Delgado Coronel, Elizabeth Rosales Estrada, Josefina Escobar Peinado y Alejandra Alcocer López.
Las agentes son investigadas por su presunta participación en la detención de Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez, Karla Verónica Martínez Jiménez, Verónica Durán Lara y María del Carmen Ramírez Mercado, integrantes de colectivos de búsqueda.
De acuerdo con el acuerdo de radicación emitido por el juez, existen elementos suficientes para citar a las acusadas a una audiencia inicial, donde el Ministerio Público presentará formalmente la imputación.
La protesta terminó con la detención de cuatro buscadoras
Los hechos ocurrieron el 10 de julio de 2020 durante una manifestación organizada por familiares de personas desaparecidas en Guanajuato capital.
El contingente salió de la zona de la Central Camionera y avanzó hasta la glorieta Santa Fe, donde bloqueó la circulación con vehículos y personas para exigir atención a sus demandas.
Según el documento judicial, una integrante de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado solicitó en tres ocasiones que las manifestantes liberaran la vialidad. Sin embargo, al no obtener respuesta comenzó un forcejeo que derivó en la detención de cuatro mujeres buscadoras y de un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien posteriormente fue liberado.
Investigación fue reabierta tras recursos legales
Después de las detenciones, las buscadoras denunciaron haber sido víctimas de abuso de autoridad por parte de las corporaciones estatales.
No obstante, el Ministerio Público resolvió inicialmente el no ejercicio de la acción penal. Esa decisión fue impugnada por la representación legal de las afectadas, que consiguió reabrir el expediente en tres ocasiones.
Roberto Saucedo afirmó que finalmente la autoridad decidió judicializar el caso y solicitar la audiencia inicial para que las policías de FSPE respondan por los hechos ante un juez.
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Secretaría de Seguridad afirma que colaborará con el proceso
El abogado consideró positivo que se haya ejercido acción penal, aunque señaló que la investigación no alcanzó a los mandos superiores que, a su juicio, ordenaron el operativo realizado durante la protesta.
Saucedo sostuvo que las agentes no actuaron por decisión propia y consideró que la investigación debió incluir a quienes encabezaban la Secretaría de Seguridad Pública estatal en ese momento.
Por su parte, la actual Secretaría de Seguridad y Paz informó que respeta la actuación de las autoridades judiciales y reiteró su disposición para colaborar con el proceso. Mientras tanto, las policías de FSPE deberán comparecer el próximo 21 de agosto para conocer la imputación formal por el presunto delito de abuso de autoridad.
