Las víctimas de Punto Legal bloquearon ambos sentidos del bulevar Hermanos Aldama, frente a la Fiscalía General del Estado en León, para exigir que se cumpla la reparación del daño ordenada por un juez tras la sentencia contra el responsable del fraude. Los manifestantes demandan conocer dónde se encuentra el dinero y cómo será devuelto a las más de cien personas afectadas.
La protesta provocó severas afectaciones al tránsito en una de las principales vialidades de la ciudad, mientras decenas de automovilistas tuvieron que buscar rutas alternas para continuar su trayecto.
Los inconformes solicitaron una reunión con autoridades de la Fiscalía, al considerar que, pese a la sentencia histórica obtenida en los tribunales, aún no existe certeza sobre la recuperación del patrimonio perdido.
Víctimas de Punto Legal exigen recuperar su dinero
Con pancartas y consignas, los manifestantes cerraron la circulación frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presionar a las autoridades y obtener respuestas sobre la ejecución de la sentencia.
Los afectados señalaron que durante varios años fueron engañados por el despacho jurídico Punto Legal, empresa que ofrecía supuestos inmuebles en remate bancario que, según las investigaciones, nunca podían ser adquiridos legalmente.
Las víctimas de Punto Legal aseguraron que el daño económico afectó el patrimonio de decenas de familias. Algunas personas invirtieron los ahorros de toda su vida, mientras que otras adquirieron varias propiedades confiando en la legalidad del proyecto.
Sentencia supera los mil años de prisión
La movilización ocurrió semanas después de que la Fiscalía de Guanajuato informara sobre la sentencia dictada contra Édgar Francisco, identificado como responsable del esquema fraudulento.
De acuerdo con las investigaciones, el sentenciado engañó de forma sistemática a 107 personas mediante la oferta de inmuebles sobre los que no tenía derechos para vender ni formaban parte de procesos de remate judicial.
Como resultado del proceso penal, los tribunales emitieron dos sentencias condenatorias, los días 26 y 30 de junio de 2026, que en conjunto suman mil 18 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.
La reparación del daño sigue sin concretarse
Además de la pena de prisión, la resolución judicial estableció el pago de 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material.
Asimismo, el fallo contempla una indemnización de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados a las personas afectadas.
Sin embargo, las víctimas de Punto Legal aseguran que la reparación económica continúa siendo una incertidumbre, ya que desconocen dónde se encuentran los recursos con los que se cubrirán las indemnizaciones ordenadas por los jueces.
Piden conocer la ruta del dinero
Durante la manifestación, uno de los afectados explicó que la principal preocupación consiste en saber si realmente existen bienes o recursos suficientes para responder a las víctimas.
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El manifestante señaló que algunas personas compraron una propiedad y otras llegaron a invertir en cinco inmuebles, por lo que las pérdidas económicas alcanzan varios millones de pesos y afectaron seriamente el patrimonio familiar.
Las víctimas de Punto Legal afirmaron que las sentencias de más de mil años representan un precedente judicial importante. No obstante, insistieron en que su prioridad es recuperar el dinero perdido.
Por ello, exigieron a la Fiscalía informar cuál será la ruta de los recursos, en qué cuentas se encuentran y qué mecanismos garantizarán el cumplimiento de la reparación del daño. Mientras no exista esa certeza, advirtieron que continuarán realizando manifestaciones para exigir justicia.
