La denuncia contra un reportero presentada por el exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, abrió un nuevo capítulo en la controversia derivada de las investigaciones periodísticas sobre presuntas empresas fachada relacionadas con él y su esposa. La querella fue interpuesta por el supuesto delito de acecho.
La acción legal surgió semanas después de que el exfuncionario difundiera un video en redes sociales donde aseguró ser víctima de acoso sistemático y persecución política por los reportajes publicados por el periódico AM. En ese momento anunció que acudiría ante la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, la denuncia no quedó dirigida contra personas indeterminadas. El expediente señala directamente a un reportero del medio, quien, de acuerdo con su defensa, únicamente realizó solicitudes de entrevista y buscó la postura del exfuncionario como parte de su trabajo periodístico.
Denuncia contra reportero deriva de investigaciones periodísticas
La denuncia contra el reportero tiene su origen en una serie de investigaciones publicadas por AM sobre contratos otorgados por el Gobierno de León a empresas con presuntas irregularidades. Uno de los trabajos reveló que Office and Publicity MDF recibió contratos por más de siete millones de pesos.
Además, la investigación periodística documentó que una de las socias desconocía formar parte de la empresa y que los domicilios registrados no permitían localizar físicamente el negocio. Posteriormente, el diario publicó presuntos vínculos entre otras compañías relacionadas con el entorno familiar de Allan León.
Tras la publicación de esos reportajes, Allan León presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses. En ese momento afirmó que su salida permitiría una revisión objetiva de los procesos de contratación.
Defensa sostiene que existió labor periodística
De acuerdo con la defensa del reportero, los acercamientos realizados con Allan León obedecieron exclusivamente al ejercicio periodístico. Las solicitudes de entrevista buscaban obtener la versión del exfuncionario respecto de las investigaciones publicadas.
Asimismo, AM aseguró que durante varios meses intentó obtener la postura tanto de Allan León como de su esposa, María Fernanda García Hernández. Sin embargo, ambos rechazaron responder las solicitudes realizadas por el medio.
Incluso, el periódico informó que volvió a contactar al exfuncionario durante los últimos días para conocer su versión sobre la denuncia presentada contra el reportero. No obstante, hasta el cierre de la información no obtuvo una respuesta pública.
PAN respalda a periodistas; MC evita pronunciarse
Mientras la denuncia contra el reportero sigue su curso, el Comité Directivo Estatal del PAN fijó una postura pública. Su dirigente, Juanita de la Cruz Martínez, expresó solidaridad con las y los periodistas y reiteró que una democracia requiere medios de comunicación libres, críticos e independientes para investigar asuntos de interés público.
Además, la presidenta estatal del PAN hizo un llamado a respetar plenamente la libertad de prensa y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como un intento de intimidar o limitar el trabajo periodístico. También señaló que defender la libertad de expresión no implica compartir todas las publicaciones, sino garantizar que puedan realizarse sin presiones ni represalias.
En contraste, la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, decidió no emitir una postura sobre el fondo del caso. A través de su vocero indicó que se trata de un asunto personal y legal cuyo expediente no conoce. Asimismo, aclaró que Allan León no forma parte de Movimiento Ciudadano, aunque recordó que ese partido ha respaldado públicamente la libertad de expresión y la labor periodística.
Especialistas advierten efectos sobre el periodismo
La denuncia contra el reportero también generó preocupación entre especialistas y organismos relacionados con la protección de periodistas. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recordó que las personas servidoras públicas están sujetas al escrutinio social y mediático.
Además, el organismo señaló que cualquier procedimiento legal debe respetar el debido proceso. Sin embargo, enfatizó que ninguna acción jurídica debe traducirse en un obstáculo o en un efecto inhibidor para el ejercicio legítimo del periodismo ni para la libertad de expresión.
Por otra parte, el activista Raymundo Sandoval sostuvo que el uso del delito de acecho en este tipo de casos podría representar un intento de censura indirecta. También citó informes de ARTICLE 19 que documentan un aumento en litigios promovidos contra periodistas y medios de comunicación.
Jurisprudencia protege investigaciones de interés público
La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un criterio que reconoce que las investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público están protegidas por la libertad de información cuando derivan de un proceso razonable de investigación y verificación.
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Ese criterio establece que la labor informativa permite divulgar hechos noticiosos, mientras que la libertad de opinión protege la expresión de ideas sobre asuntos de interés público. Ambas vertientes forman parte de la libertad de expresión reconocida constitucionalmente.
Mientras la Fiscalía de Guanajuato integra la carpeta de investigación derivada de la denuncia contra el reportero, el caso mantiene la atención por sus posibles implicaciones para el ejercicio periodístico, especialmente cuando las investigaciones involucran a exservidores públicos y el uso de recursos públicos.
